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El Estado nacional logró un avance histórico en la defensa de los recursos pesqueros al sancionar con $1.260 millones al pesquero Bao Feng, operativo dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), convirtiendo una detección electrónica en una multa efectiva, según informaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El caso comenzó el 10 de enero, cuando la Autoridad Marítima Nacional detectó al buque pesquero Bao Feng (IMO 1120754, MMSI 577317000), de bandera de conveniencia de Vanuatu, operando dentro de la ZEEA. La traza registrada mostró una permanencia de aproximadamente una hora y media a menos de 4 nudos, compatible con maniobras de pesca.
La información fue corroborada mediante la plataforma Skylight, fortaleciendo la prueba técnica que permitió convertir la detección en una sanción económica concreta, sin necesidad de interceptar físicamente al buque. “El cobro efectivo sin captura física redefine el alcance del control pesquero argentino bajo nuevas disposiciones de la gestión de Pesca Nación”, destacaron desde la autoridad.
El expediente del Bao Feng marca un precedente institucional, ya que la multa de $1.260 millones, junto con los gastos operativos, demuestra que el control puede pasar de la persecución física a la arquitectura de la evidencia electrónica. “En un escenario donde la pesca extranjera se mueve con opacidad y velocidad, el expediente del Bao Feng muestra que la información electrónica puede generar sanción exigible”, explicaron fuentes oficiales.
La intervención del subsecretario Juan Antonio López Cazorla, durante un sobrevuelo sobre el borde exterior de la milla 200, permitió dimensionar la magnitud de la flota extranjera y consolidó la decisión administrativa. “La multa efectivizada representa no solo un castigo económico, sino la afirmación de una capacidad estatal nueva, basada en tecnología, análisis y decisión administrativa”, indicaron desde la Prefectura Naval Argentina.
El caso fue resultado del trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina, la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca y capitanes de pesca, generando un instrumento normativo más técnico y severo. Esto redefine el control marítimo, ampliando la vigilancia efectiva y limitando el margen operativo de la pesca ilegal. “Cada expediente que logra avanzar por esta vía redefine la frontera entre presencia estatal y vulnerabilidad jurisdiccional”, subrayaron fuentes oficiales.
Con este antecedente, Argentina refuerza su política de tolerancia cero frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sur, demostrando que la defensa de la ZEEA puede ejercerse desde la precisión tecnológica y la eficacia administrativa, y que la evidencia electrónica tiene capacidad de producir consecuencias reales.
