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Los muelles de Beiramar, en Vigo, volvieron a ser escenario de una postal que golpea de lleno a la soberanía argentina. Los diarios Faro de Vigo y Atlántico confirmaron la partida de los 16 arrastreros congeladores que integran la avanzada del saqueo pesquero 2026 en las Islas Malvinas, bajo licencias ilegales otorgadas por la administración colonial británica.
Entre los buques que ya navegan rumbo al Atlántico Sur se destacan el Falcon y el Prion, dos de los barcos emblemáticos del esquema extractivo, con matrícula de Falkland y vinculados a una sociedad mixta asociada a la empresa gallega Pescapuerta. Junto a ellos, también partieron el Golden Chicha, Hermanos Touza, Hadassa Bay, New Polar, Robin M. Lee, Argos Cíes, Argos Pereira, Argos Berbés, Beagle FI, Venturer, Sil, Monteferro, Monte Lourido e Igueldo.
La prensa ibérica, que continúa refiriéndose a Puerto Argentino como “Port Stanley”, confirma así una nueva campaña pesquera bajo control británico, en abierta violación del derecho internacional y de los reclamos históricos de la Argentina sobre las Islas Malvinas.
La información publicada en España revela un dato clave: tras los magros resultados de la temporada 2025, cuando las capturas de calamar se desplomaron a niveles críticos, la administración colonial fijó un “umbral de seguridad” de 10.000 toneladas como piso de extracción para 2026.
Paradójicamente, los propios informes del Departamento de Pesca británico —citados por medios gallegos— admiten que existe un alto riesgo de no alcanzar ese volumen. Sin embargo, la decisión política ya está tomada: para proteger inversiones que superan los 240 millones de euros en nuevos buques, el gobierno colonial congeló el valor de las licencias hasta 2027 y garantiza la extracción a cualquier costo.
Lejos de un manejo sustentable, el sistema prioriza la rentabilidad de las armadoras españolas y el sostenimiento financiero de la colonia, aun cuando el recurso muestra signos evidentes de agotamiento.
El avance de la flota gallega vuelve a exponer el doble estándar del Estado español. Mientras en la ONU España sostiene formalmente el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas —en reciprocidad por el apoyo argentino a la causa de Gibraltar—, en la práctica sus empresas pesqueras son el principal sostén económico de la ocupación británica.
Las joint ventures entre capitales gallegos y compañías isleñas explican gran parte del elevado ingreso per cápita de la colonia. España respalda la descolonización en los discursos internacionales, pero financia la usurpación en el terreno económico.
El saqueo no solo implica la extracción ilegal de recursos naturales —con un promedio histórico de 250.000 toneladas anuales—, sino también un profundo agravio simbólico. Argentina alberga a la mayor comunidad gallega fuera de España, y en 1982 miles de descendientes de inmigrantes gallegos combatieron en defensa de las Islas Malvinas.
Hoy, desde los mismos puertos de donde partieron sus abuelos, zarpan los barcos que comprometen el futuro de esos recursos estratégicos para la Argentina.
Los números confirman el deterioro del caladero: en 2022 se rozaron las 100.000 toneladas; en 2025 la cifra cayó a 56.000; y la segunda zafra del año pasado apenas alcanzó las 18.000 toneladas. La “incertidumbre” que reconocen los armadores vigueses no es otra cosa que el resultado de décadas de depredación sin control científico real.
Así, el inicio de la campaña 2026 no se presenta como una temporada de pesca, sino como una operación de rescate financiero para una flota española que, en complicidad con Londres, parece decidida a extraer hasta el último calamar antes del colapso definitivo del recurso.
