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El aumento de las subastas de automotores encendió una señal de alerta en Tierra del Fuego. El martillero público Fernando Allo estimó que durante octubre saldrán a remate al menos 50 vehículos en Río Grande y Ushuaia, en un contexto que vinculó con las dificultades de las familias para afrontar sus compromisos financieros, la caída del consumo y el incremento de la morosidad. Según explicó, los remates judiciales representan la última instancia de un proceso de endeudamiento que, en muchos casos, comienza con cuotas impagas y se prolonga durante meses o años.
En declaraciones a FM Aire Libre, Allo señaló que la cantidad de remates previstos durante octubre resulta llamativa en comparación con otros períodos. Según indicó, entre ambas ciudades se realizarán entre siete y ocho subastas de vehículos, con una estimación de al menos 50 unidades.
“Estoy observando, hablando con colegas, que, por ejemplo, en este mes de octubre, entre Río Grande y Ushuaia, hay entre seis y siete subastas de automotores”, explicó.
Entre las convocatorias mencionó una subasta realizada en Ushuaia el 10 de octubre, otra prevista para el 17 y un remate en Río Grande programado para el 24, en el que se ofrecerán 11 vehículos.
El martillero sostuvo que no recuerda un mes con una cantidad similar de subastas. Para encontrar un antecedente comparable, se remontó a los años 2000 y 2001, cuando, según recordó, se produjo un incremento de los secuestros de automotores en un contexto de dificultades en la cadena de pagos.
“Calcular que este mes se van a subastar no menos de 50 autos”, afirmó. También señaló que podrían sumarse nuevas convocatorias antes de finalizar octubre.
Allo explicó que los vehículos que llegan a una subasta judicial no necesariamente corresponden a deudas recientes. Por el contrario, señaló que el procedimiento suele ser el resultado de un proceso prolongado, que puede comenzar mucho antes del secuestro del automóvil.
“Estamos hablando de deudas que vienen de dos años para atrás a la fecha, porque imagínense que cuando nosotros llegamos a la subasta del vehículo, es la última, el último peldaño de una cadena”, detalló.
El proceso comienza cuando el titular deja de pagar las cuotas del vehículo. En una primera etapa, la entidad acreedora intenta regularizar la situación mediante comunicaciones y reclamos. Si los incumplimientos continúan, se envía una intimación formal y, posteriormente, el área legal puede iniciar las actuaciones correspondientes para solicitar el secuestro de la unidad.
Durante ese recorrido, el deudor puede tener la posibilidad de cancelar o renegociar sus obligaciones. Sin embargo, el martillero advirtió que la pérdida de capacidad de pago está dificultando el cumplimiento de los compromisos financieros.
“Hay que entender que detrás de cada vehículo que se llega a una subasta judicial hay una obligación que no pudo cumplirse. Y esto no significa necesariamente que la gente no quiera pagar. En muchos casos lo que sucede es que los ingresos no alcanzan para afrontar todos los compromisos asumidos, que es lo que se está viendo”, remarcó.
El martillero vinculó el aumento de las subastas con el escenario económico y la reducción de la actividad comercial. Como indicadores de esa situación, mencionó la caída del consumo y las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras: “La cadena de pago se vino abajo, lo estamos viendo en la Cámara del Comercio, y lo estamos viendo en general cuando uno sale a la calle y ve que no hay consumo. Y, digamos, la mora en las tarjetas de crédito también es un indicador”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que muchas personas adquieren un vehículo con la expectativa de mantener sus ingresos y poder afrontar las cuotas durante el plazo acordado. Sin embargo, los cambios en la situación laboral o económica pueden alterar esos cálculos.
Allo señaló que las dificultades alcanzan a trabajadores de distintos sectores. Según indicó, entre los titulares de vehículos que llegan a esta instancia hay personas autónomas, docentes y empleados del Estado, entre otros.
También cuestionó que algunos deudores no se acerquen a las entidades acreedoras cuando comienzan a tener dificultades para pagar, con el objetivo de buscar alternativas antes de que se inicie el procedimiento judicial: “Varias veces cuando voy a hacer el secuestro del auto y tengo oportunidad de hablar con la persona, le pregunto por qué llegó a esta instancia. Me dicen que no lo pueden pagar”, relató.
Allo explicó que los remates constituyen la última etapa de un procedimiento legal y que sus condiciones dependen del tipo de ejecución y de las disposiciones correspondientes.
En las subastas judiciales, el proceso está sujeto a la intervención del juzgado. Una vez realizada la oferta ganadora y abonado el porcentaje inicial requerido, se debe informar el resultado y esperar la aprobación judicial antes de completar los pasos necesarios para la entrega del vehículo.
De acuerdo con el martillero, en estos casos la entrega puede demorar alrededor de 25 días.
En las ejecuciones de prendas, en cambio, el procedimiento puede ser más rápido, ya que se realiza un pago inicial y, una vez aprobada la operación, se completa el saldo y se gestiona la transferencia.
Allo también se refirió a una subasta de tres Peugeot 208 realizada en Trejo Noel 435. Según detalló, los vehículos tenían bases estimadas de entre cinco y ocho millones de pesos, dependiendo de las condiciones de cada unidad. En determinadas circunstancias, si no se presentan oferentes en el primer llamado, el procedimiento puede contemplar una nueva instancia sin base, conforme a las condiciones establecidas para el remate.
Uno de los aspectos que destacó el martillero es que comprar un vehículo en una subasta no significa asumir automáticamente las cuotas impagas del anterior propietario. Sin embargo, el comprador debe revisar las condiciones particulares del remate y las deudas informadas, que pueden incluir patentes, multas, embargos u otras restricciones.
Por ese motivo, antes de ofertar resulta fundamental consultar las condiciones de venta, la situación registral del vehículo y qué conceptos deberá afrontar el comprador para concretar la transferencia.
El dinero obtenido en el remate se destina a cubrir la deuda del titular anterior. No obstante, si el monto recaudado no alcanza para cancelar la totalidad de la obligación, la deuda puede continuar vigente por el saldo pendiente.
Allo ejemplificó que un automóvil deteriorado puede venderse por un valor muy inferior al que tendría en el mercado si estuviera en buenas condiciones. Si el resultado de la subasta no alcanza para cubrir el capital adeudado, los intereses y los honorarios correspondientes, el anterior propietario puede quedarse sin el vehículo y continuar debiendo dinero.
Por eso, el martillero recomendó prestar atención tanto al estado de la unidad como a las condiciones legales y económicas de cada operación.
Allo, que trabaja en subastas de automotores desde el año 2000, también observó cambios en la participación del público.
Según recordó, años atrás los remates generaban una mayor expectativa y podían reunir a decenas de interesados. En la actualidad, la frecuencia de las convocatorias hace que algunos compradores seleccionen las subastas en función de los vehículos ofrecidos y de las condiciones de cada operación: “Antes había un remate y era algo novedoso, entonces vos por ahí tenías 50 personas, 30 personas en un remate, o más”, recordó.
El martillero consideró que la mayor cantidad de convocatorias modifica el interés de los potenciales compradores, que pueden optar por esperar una subasta con unidades que se ajusten mejor a sus necesidades.
