El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, el Presupuesto 2026 con superávit y una profunda reforma del Sistema de Inteligencia mediante un DNU.
PAÍS02/01/2026
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El Gobierno nacional avanzó con un paquete de medidas estructurales al promulgar la Ley de Inocencia Fiscal, aprobar el Presupuesto 2026 con eje en el equilibrio fiscal y reformar el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, redefiniendo el rol de la SIDE y la organización del sector.
Con la publicación en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la Ley 27.799, que introduce una reforma integral del Régimen Penal Tributario bajo el principio de Inocencia Fiscal. La norma eleva de manera sustancial los umbrales penales para los delitos de evasión, limita las denuncias penales y habilita la extinción de la acción penal mediante el pago de la deuda.
El piso para la evasión simple se incrementa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que la evasión agravada pasa de $15 millones a $1.000 millones. Además, se establecen criterios más restrictivos para iniciar causas penales y se actualizan multas y plazos de prescripción. La ley también crea un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas con ingresos y patrimonios elevados.
En paralelo, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.798, que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026. El texto fija un resultado financiero equilibrado o superavitario y proyecta un superávit de $2,73 billones, con un fuerte control del gasto público y del empleo estatal.
El presupuesto establece topes estrictos para cargos y horas cátedra, limita la cobertura de vacantes sin autorización del Jefe de Gabinete y redefine el financiamiento universitario, educativo y científico. También autoriza operaciones de crédito público, pagos a organismos internacionales y asignaciones específicas para jubilaciones y pensiones.
A este paquete de reformas se sumó la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, dispuesta mediante el DNU 941/2025, que reestructura de manera profunda el sistema de inteligencia. La norma centraliza la conducción estratégica en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a ser el órgano superior del sistema.
El decreto crea la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y otros entes del Estado, y la Comunidad Informativa Nacional, conformada por ministerios y organismos que aportarán información estratégica. Además, separa formalmente la ciberseguridad de la ciberinteligencia y crea el Centro Nacional de Ciberseguridad.
La reforma también redefine el rol de la ex Agencia de Seguridad Nacional, que pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, y dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, transfiriendo sus funciones al Estado Mayor Conjunto.
Con estas decisiones, el Gobierno consolidó un cierre de año marcado por reformas profundas en materia fiscal, presupuestaria y de seguridad estratégica, que impactarán en la relación entre el Estado, los contribuyentes y el sistema institucional durante 2026.
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