El canciller israelí Gideon Sa’ar reconoció que las actividades de Navitas Petroleum se desarrollan en un área cuya soberanía disputa Argentina y el Reino Unido, y abogó por el diálogo para resolver la controversia.
PAÍS29/12/2025
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La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a tomar relevancia internacional tras la declaración del canciller israelí Gideon Sa’ar, quien confirmó que la empresa Navitas Petroleum planea actividades hidrocarburíferas en la zona en conflicto. La firma británica-israelí ya cuenta con la aprobación del gobierno local de las Malvinas para ejecutar el proyecto Sea Lion, que entró formalmente en su fase industrial.
El intercambio diplomático se activó luego de una presentación argentina vinculada al avance del proyecto Sea Lion, desarrollado por el consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Sa’ar enfatizó que se trata de una compañía privada y que el gobierno israelí no participa directamente en la operación, aunque lamentó el malestar generado en Buenos Aires.
Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno destacó el reconocimiento israelí de la disputa y reiteró la posición oficial: mientras la controversia permanezca abierta, ninguna empresa, independientemente de su nacionalidad, debería avanzar unilateralmente en exploración o explotación de recursos en la región.
El proyecto Sea Lion entra ahora en fase de ejecución tras la aprobación del Field Development Plan (FID) por el gobierno de las Malvinas. La Fase 1 prevé la recuperación de 170 millones de barriles, con un pico de producción de 50.000 barriles diarios y la primera producción estimada para el primer semestre de 2028. La Fase 2 proyecta otros 149 millones de barriles, alcanzando un total cercano a 320 millones de barriles recuperables.
El consorcio ha avanzado en acuerdos industriales clave, como el charter de un FPSO, perforación y componentes subsea (SURF). El financiamiento total del proyecto se estima en 2.200 millones de dólares, combinando deuda “non-recourse” por 1.000 millones y aportes de capital de los socios (700 millones Navitas y 100 millones Rockhopper), con contingencias incorporadas. Rockhopper mantiene un 35% de participación en las licencias, mientras que Navitas controla el 65% restante.
La reacción argentina combina el cambio de escala del proyecto, el volumen de inversión y producción proyectado, y el hecho de que la operación se desarrolla bajo un marco regulatorio británico. En este marco, Buenos Aires buscó diferenciar la actuación de la empresa privada de la postura de Israel, manteniendo el canal diplomático abierto con un país con el que mantiene relaciones bilaterales activas.
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