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En declaraciones a Radio Provincia, el presidente de la Cámara de Colegios de Gestión Privada, Carlos Cabral, se refirió a la resolución del Ministerio de Educación que otorgó un aumento salarial a docentes de gestión estatal pero dejó afuera a los de gestión privada. En ese marco, denunció que la medida contradice la ley vigente, genera un daño económico a las instituciones, afecta a trabajadores y alumnos, y motivó la presentación de acciones judiciales.
En primer lugar, Carlos Cabral confirmó la exclusión de los docentes de gestión privada del aumento salarial y calificó la medida como ilegal "es una medida de carácter bien ilegal, arbitraria, discriminatoria, porque las leyes establecen claramente que eso debe ser aplicado a todo el sistema que es único y las instituciones deben recibir el aporte financiero estatal para ser frente al pago de la proporción que les corresponde a sus docentes, siendo las instituciones afectadas y dañadas porque han cumplido con sus proyectos educativos en forma completa durante el ciclo escolar 2025”.
Luego, explicó el origen normativo del conflicto y apuntó contra la interpretación del Ministerio de Educación "el último acuerdo paritario salarial, que es el 30 de octubre, que luego fue homologado por la Secretaría de Trabajo y ratificado en todos los términos por el Poder Ejecutivo, establece un aumento salarial entre otros acuerdos que alcanzaron, que aplica sobre enero, pero uno que es un aumento salarial a partir del primero de noviembre”.
Y agregó "luego, al principio de diciembre, sale una resolución del Ministerio de Educación que dice que interpreta el espíritu de lo que el acta dice y establece que es sólo a las unidades educativas de gestión estatal y deja excluidos a los docentes la gestión de colegios públicos privados”.
En esa línea, el representante del sector señaló que la medida genera un perjuicio directo a las instituciones educativas "quedan ahí las instituciones, los titulares, en tener que dar respuestas sobre un efecto que daña a las instituciones, siendo, digamos, algo ilegal”.
En ese sentido, remarcó que, pese a los intentos de diálogo, no hubo respuestas concretas "hemos tenido comunicación con el Ministerio de Educación, porque eso no está cortado, pero no se ha resuelto nada, no se ha revisado la medida, cosa que era lo que esperábamos”, indicó.
Más adelante, Cabral afirmó que realizaron presentaciones formales ante el Gobierno provincial "desde la Asociación Cámara hemos hecho las presentaciones formales, notas reclamando y exigiendo que se cumpla con lo que la ley dice”.
Sin embargo, cuestionó la falta de definiciones política "el ministro, personalmente me ha informado que iba a hablarlo con el gobernador, y que después me informaría. Nada de eso sucedió”.
En esa línea, atribuyó la situación a una decisión política "acá hay una decisión política, ideológica, digamos, dogmática, de generar esto”. Y recordó que el sector había logrado avances en los últimos años "en estos últimos dos años se fueron cumpliendo con lo que la ley establece y no hemos tenido inconvenientes”.
Posteriormente, Cabral detalló el alcance del sistema de educación privada en la provincia "el Centro de Educación Privada presta servicios docentes alrededor de 2.000, y donde también brinda servicios educativos a alrededor de 11.000 alumnos, que representan un 25% de lo que es la matrícula provincial”.
Y remarcó "es algo que lo fija una ley, no es una cuestión que los titulares o desde el sector pretendemos de una forma caprichosa”.
Frente a la falta de respuestas oficiales, explicó que el conflicto ya llegó a la Justicia "se recurrió a la justicia, ya hay varias acciones de amparo que están en trámite, y que ya se están notificando los inicios de demanda al gobierno provincial”.
Además, precisó los efectos económicos concretos "ese aumento salarial rige desde el 1 de noviembre, por lo tanto los docentes quedaron excluidos en noviembre, también afecta a la variación sobre el SAC de diciembre, ya cuando también perciben el sueldo de diciembre también no van a recibir esa variación salarial”.
Asimismo, advirtió que la situación también impactará en los meses siguientes "esperamos que la justicia, como es una acción de amparo, según los abogados que nos asesoran, son trámites que tienen tiempos bien perentorios y cortos”.
Y expresó su expectativa "aguardamos que sea en el marco de lo que dice la ley, que se ordene al estado cumplir con lo que la ley establece”.
Al referirse al escenario educativo hacia 2026, Cabral señaló que las instituciones cumplieron con sus compromisos "las instituciones cumplieron con sus proyectos educativos que las familias eligen y se perfila para el 2026 con una matrícula estable y un poquito creciente”.
No obstante, remarcó que la resolución genera incertidumbre "el hacer esta exclusión y todo esto genera también un repensar o una mirada de decir qué es lo que piensa el gobierno”.
En ese marco, reclamó mayor claridad por parte del Ejecutivo "sería interesante que lo expliquen también hacia la comunidad y que transparenten qué es lo que están pensando respecto del sistema educativo en lo que hace a los establecimientos públicos de gestión privada”. Y subrayó "en el hoy la ley rige y es obligación de cumplirla”.
Por último, Carlos Cabral cuestionó el accionar de los funcionarios y lamentó la judicialización del conflicto "es lamentable todo esto porque las instituciones, su función principal es la de gestionar educación con calidad y eficiencia y no estar a esta altura del año en esta situación y tener que recurrir a las instancias judiciales para que los funcionarios del gobierno cumplan con lo establecido por las leyes vigentes”, cerró.
