19640 Noticias
En comunicación con Radio Provincia, Nancy Fernández analizó el accionar de la Legislatura y del Gobierno provincial frente a la votación que definirá la modificación de la Ley 1355. La referente ambiental explicó quiénes intervienen, qué decisiones se están tomando y por qué se produjo la suspensión del dictamen del Consejo Provincial de Medio Ambiente. El conflicto involucra a autoridades provinciales, instituciones científicas y organizaciones civiles en un escenario de alta tensión. La discusión se centra en el avance o freno a la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego.
En primer lugar, Fernández afirmó "también una manera de desmoralizar a las personas es cuando se instala un relato, se instala una narrativa sobre algo que ya está decidido y que en realidad no sabemos si está decidido”.
En esa línea, remarcó "si esta ley sale va a tener un desarrollo bastante irregular y va a tener medidas posteriores, porque carece de una institucionalidad y un apego al reglamento muy fuerte”.
A su vez, Fernández cuestionó la intervención oficial al expresar "este gobierno está desesperado por callarnos porque es desde el mes de agosto que el Consejo Provincial de Medio Ambiente tenía pendiente la firma de un dictamen respaldando la 1355 y anoche la Ministra de Producción mandó una nota diciendo que se cancela la reunión porque ella decide que no se puede hacer”.
Seguidamente, apuntó contra la funcionaria "una Ministra que nunca vino a ninguna reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente quiere impedir que digamos lo que la base científica apoya, que es que la salmonicultura es un problema ambiental serio para nuestro país”.
Ante lo mencionado, advirtió "estamos en presencia de lo que en Chile se llama Estado Salmonero, que es una manera que tienen las empresas que presionan a los gobiernos para que los gobiernos hagan lo que las empresas quieren” y agregó: “Me parece que es un títere de algunos sectores de poder”.
Por último, la presidenta de Mane´kenk anticipó la estrategia futura "vamos a continuar y vamos a pedir la derogación, vamos a presentar otro proyecto de ley, vamos a ir a la justicia y vamos a apelar a numerosos instrumentos constitucionales”, para luego afirmar "las corporaciones presionan a la clase política para que acalle a las instituciones”. Con ello cerró su postura.
