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La Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande ratificó un fallo de primera instancia que elevó la cuota alimentaria que debe abonar un exfuncionario policial jubilado. El tribunal consideró que el incremento del 2,5% —que llevó el aporte del 12,5% al 15% de sus ingresos— resulta adecuado y rechazó el reclamo de la demandante, quien solicitaba llevar la obligación al 25%.
La resolución fue dictada en el marco de la causa “MMMC/ ALC s/ Aumento de cuota alimentaria”, expediente Nº 11528/2025, en la que se evaluó la actualización del aporte que desde hace más de seis años el exfuncionario paga en favor de un menor.
El juez de primera instancia había hecho lugar parcialmente al pedido de la Sra. M., elevando la cuota del 12,5% al 15% de los ingresos que el alimentante percibe como jubilado de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal y de la Caja de Previsión para el Personal Policial Penitenciario Provincial. Hasta ese momento, la suma percibida era de $601.918, por lo que la actualización representa un incremento aproximado de $100.000.
La demandante reclamó que la cuota fuera fijada en un 25%, pero la Cámara consideró que no existían elementos objetivos que justificaran un aumento de tal magnitud. En su voto, el juez Francisco J. Cappellotti sostuvo: “El aumento, a mi juicio, resulta razonable, dado que no se han acreditado, más allá de la mayor edad del niño y las necesidades propias de esa etapa, otras circunstancias relevantes que impliquen una erogación adicional de gastos”.
El magistrado añadió que el monto fijado guarda relación con los valores del Índice de Crianza, que para la franja considerada asciende a $516.113. Si bien señaló que dicho indicador no aplica estrictamente al caso por la edad del menor, subrayó que constituye una referencia válida ante la falta de pruebas que acrediten necesidades excepcionales.
Con estos argumentos, la Cámara decidió confirmar la cuota alimentaria en el 15%, entendiendo que el aumento del 2,5% mantiene un equilibrio razonable entre las capacidades económicas del alimentante y las necesidades del menor.
