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Ante la compleja situación económica que afecta a cientos de familias fueguinas endeudadas con créditos hipotecarios UVA, se presentó esta mañana un proyecto de ley en la Legislatura provincial para extender la suspensión de las ejecuciones judiciales sobre viviendas únicas. La propuesta, impulsada por el legislador Raúl Von der Thusen, apunta a resguardar el derecho a la vivienda y evitar una crisis habitacional en la provincia.
El legislador Raúl Von der Thusen, del bloque Somos Fueguinos, presentó un proyecto para extender la suspensión de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas únicas financiadas mediante créditos UVA, hasta el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa fue elevada a la Legislatura provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y busca renovar los plazos establecidos por la Ley Provincial N.º 1493.
Según se detalla en el texto, la medida responde al impacto negativo que genera el mecanismo de actualización UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), el cual está directamente vinculado a la inflación. Este sistema ha provocado un desfasaje grave entre los ingresos familiares y las cuotas mensuales, llevando a muchas familias a una situación de endeudamiento insostenible.
“Lo que inicialmente fue pensado como un medio para facilitar el acceso al crédito terminó convirtiéndose en una trampa financiera de difícil cumplimiento”, sostiene el proyecto. En este contexto, el aumento constante de las cuotas expone a numerosas familias de Río Grande y Ushuaia al riesgo real de perder su vivienda única.
El legislador Von der Thusen remarcó que en Tierra del Fuego, donde el costo de vida es mayor al promedio nacional y existe una fuerte dependencia de bienes traídos del continente, las consecuencias del sistema UVA son aún más perjudiciales.
La iniciativa también destaca que la prórroga de la ley vigente ha sido fundamental para evitar desalojos masivos en los últimos años, preservando la paz social y conteniendo una potencial crisis habitacional que podría haber desbordado la capacidad del Estado.
“La extensión hasta 2026 no es solo necesaria, sino razonable y proporcional ante la inestabilidad económica actual”, concluye el proyecto. De ser aprobada, la medida continuará protegiendo a cientos de familias que enfrentan una deuda hipotecaria impagable, asegurando el derecho constitucional a una vivienda digna.
