La soberanía no se defiende con discursos: oficiales con sueldos por debajo de la línea de pobreza

En un contexto geopolítico global inestable y con una demanda creciente de soberanía territorial, las Fuerzas Armadas Argentinas enfrentan una paradoja alarmante: se invierten años y millones en formar oficiales de excelencia, pero los sueldos que reciben no alcanzan ni para cubrir una canasta básica. El resultado es una sangría de talento que vacía de experiencia y compromiso a una de las instituciones estratégicas del Estado.

Mientras el discurso oficial enaltece el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la defensa del territorio, la respuesta ante emergencias y la soberanía nacional, el tratamiento salarial que reciben sus cuadros profesionales revela una desconexión preocupante entre el relato y la realidad. Lejos de estar en la agenda pública, el deterioro económico del personal militar se ha vuelto tan evidente como silenciado.

Un Subteniente del Ejército, recién egresado tras 5 años de formación intensiva, cobra $796.487. Un empleado inicial del Banco Nación, sin carrera previa, percibe $1.930.971: más del doble. Incluso un vigilador de seguridad privada gana $1.410.750, superando a más del 70 % del personal militar. La lógica del mercado ha dejado al servicio militar profesional en el margen.

La preparación de un oficial de las FFAA implica una inversión estatal estimada entre 40.000 y 60.000 dólares. Incluye formación táctica, física, universitaria y técnica. Sin embargo, gran parte de ese recurso se pierde: muchos egresados dejan la carrera para buscar mejores condiciones en el sector civil. La razón no es falta de vocación, sino de futuro.

Durante 2025, la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo promedió más de $1.100.000. Solo un 26% de los cuadros militares (desde soldados hasta tenientes coroneles) supera ese umbral. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, vivir con un sueldo militar es insostenible. La defensa nacional está en manos de profesionales que viven por debajo del umbral de dignidad económica.

A esto se suma el deterioro de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Con servicios cortados, reintegros demorados, falta de cobertura y farmacias vacías, cerca del 20% de los afiliados se ve afectado. Desde tratamientos oncológicos hasta atención primaria, el sistema sanitario del personal militar está colapsado.

Cada oficial que cuelga el uniforme por falta de incentivos económicos no solo representa una baja operativa: es dinero público perdido, experiencia desperdiciada y soberanía debilitada. Se trata de profesionales que podrían comandar, planificar, coordinar misiones complejas, manejar tecnología y liderar equipos. Pero sin un salario digno, la vocación no basta.

El mundo está más militarizado que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Con 56 conflictos armados activos y 92 países involucrados, la defensa es una preocupación global. Argentina, en cambio, destina apenas el 0,31 % de su PBI a Defensa (sin jubilaciones), una cifra que la deja muy por debajo del promedio regional (1,5%) y de países como Chile (2%) o Colombia (3%).

El Presupuesto Nacional 2025 destina un 20% más a Seguridad que a Defensa. La mayor parte del exiguo presupuesto militar se destina a salarios (0,91%), dejando sin margen real para inversión tecnológica, infraestructura o mejora de condiciones laborales. El FONDEF apenas compensa lo que debería ser una prioridad estratégica sostenida.

La gran pregunta que deja esta situación es tan cruda como inevitable: ¿puede Argentina sostener su soberanía con soldados que ganan menos que un cajero bancario? ¿Puede responder a emergencias, cumplir con sus compromisos internacionales o controlar el Atlántico Sur sin personal capacitado y motivado? La respuesta parece evidente.

Valorar económicamente a quienes garantizan la defensa nacional no es un capricho ni un privilegio. Es una obligación del Estado que busca eficacia institucional. No se trata de discursos, sino de planificación, inversión y reconocimiento. Argentina debe