Garófalo sobre la crisis textil: “Pareciera que a nadie le interesa mantener 700 puestos de trabajo”

En diálogo con Radio Provincia, Alberto Garófalo, presidente de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional, analizó el panorama crítico de las industrias textiles y electrónicas en Tierra del Fuego. Durante la entrevista, abordó las causas legales, políticas y económicas que comprometen a las empresas radicadas en la isla, cuestionando la vigencia del subrégimen industrial, las diferencias en el trato con respecto al sector electrónico y los lobbies empresariales que, según él, buscan desmantelar la producción fueguina. 

En primer lugar, Garófalo remarcó que el conflicto comenzó con la prórroga del subrégimen en 2021, cuando “se otorga la prórroga del régimen a una cantidad de empresas que lo solicitaron de todos los rubros, excepto los textiles”. Luego, en 2023, un nuevo decreto “discriminatorio” agravó la situación “de las 11 empresas en actividad dejaron fuera del régimen a 5 por distintos motivos, casualmente entre ellas las más grandes”.

Según explicó, las acciones judiciales de algunas compañías permitieron reincorporaciones, pero otras quedaron sujetas a cautelares con vigencia limitada.

En esa línea, el titular de la Cámara expuso con dureza lo que considera un ataque sistemático desde el continente “esto hay que decirlo, realmente responde a una intención que nosotros venimos observando, que fue producto del lobby de las empresas textiles de Buenos Aires que finalmente consiguieron lo que venían persiguiendo hace muchísimos años: terminar con la industria textil en Tierra del Fuego”. Sostuvo que el conflicto no solo es técnico, sino político y que el régimen fueguino siempre fue visto como una amenaza para los formadores de precios en el resto del país.

Entonces, criticó con precisión las exigencias de integración nacional, a las que considera inejecutables "no se puede cumplir con algo que es imposible de ejecutar”. Puso como ejemplo el caso de Australtex “el 85% de sus insumos no tienen fabricación nacional”, y añadió “se abrió un registro de proveedores en el continente, en todos estos años no se anotó nadie”. A pesar de ello, las autoridades cuestionan el cumplimiento, lo que, según Garófalo, es una contradicción total.

Por otro lado, detalló las consecuencias del nuevo esquema fiscal “han establecido mágicamente un cupo en pesos no actualizable. El beneficio positivo le alcanza para dos meses”. Sostuvo que esta interpretación forzada del decreto 594 genera un escenario donde “las que están dentro del régimen están pasando por esta situación y las que estaban afuera suman la tercera desventaja, que se les están dando vuelta las sentencias”.

En relación con la búsqueda de soluciones, Garófalo fue contundente “nosotros lo que hemos solicitado es que haya algún tipo de compromiso político para poner un freno a toda esta locura por 180 días y rediscutir seriamente qué se pretende hacer con las textiles fueguinas”.

A su vez, denunció la falta de interés en preservar los 600 a 700 puestos de trabajo actuales "pareciera que a nadie le interesa”.

Por último, Alberto Garófalo advirtió que “en este momento hay 8 empresas que aún pelean por seguir” y afirmó que el panorama es cada vez más complejo “las compañías que todavía están con cautelares hace dos años que vienen trabajando con garantía. Si una decisión superior echa por tierra eso, ejecutan todas esas garantías”. Sobre las licencias al personal, fue claro “esto tiene que ver fundamentalmente con el problema de mercado… no están vendiendo nada”, cerró.