Milei sufre otra derrota: el Senado aprobó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario

En una maratónica sesión que inició el jueves por la mañana y terminó pasada la medianoche, la Cámara de Senadores de la Nación convirtió en Ley la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, y rechazó decretos a través de los cuales el gobierno de Javier Milei desmantelaba, disolvía o restaba autarquía al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Marina Mercante y diversos institutos culturales.

Las aprobaciones se dieron, en todos los casos, con una amplia mayoría que representa un importante revés para la gestión de Javier Milei, en la misma semana en la que Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad.

Emergencia pediátrica

Pasada la medianoche, 62 votos afirmativos garantizaron la aprobación definitiva de la Ley de Emergencia en Pediatría, que en particular garantiza el funcionamiento del Hospital Garrahan, entre otros nosocomios nacionales que atienden sanitariamente al sector de las infancias y las adolescencias.

La iniciativa encontró adhesiones en los bloques Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales. El rechazo fue propiciado por La Libertad Avanza y los senadores Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero del PRO. 

El dictamen con luz verde del Congreso fija que las autoridades deberán garantizar “el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho.

También exime al personal de salud del pago de ganancias cuando desempeñan “actividades críticas, horas extras y/o guardias”.

Además, dispone que el Poder Ejecutivo reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Financiamiento universitario

Previamente, con 58 votos afirmativos, diez negativos y tres abstenciones, la oposición había logrado darle aprobación a la Ley de Financiamiento Universitario, demandada por rectores, docentes y no docentes y estudiantes de las casas de altos estudios de todo el país.

La iniciativa -que cosechó adhesiones en Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical (UCR), parte del PRO y bloques provinciales- fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y eleva el presupuesto al 1% del PBI. 

Rechazaron la propuesta, además de los seis libertarios,dos senadores del PRO, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y Martín Goerling (Misiones), la senadora de la UCR Carolina Losada (Santa Fe) y el formoseño Francisco Paoltroni (Formosa). Se abstuvieron Andrea Cristina (Chubut), Victoria Huala (La Pampa) y Juan Carlos Romero (Salta). 

La flamante norma también otorga una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes. El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno compensará las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Decretos rechazados

Otro de los golpes fuertes que recibió el Gobierno en esta maratónica sesión del Senado fue la derogación de un  decreto de necesidad y urgencia y cuatro decretos delegados que había impuesto la gestión de Javier Milei, amparada en las facultades delegadas derivadas de la Ley Bases.

De esta manera, esta serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quedaron sin efecto ya que tenían el rechazo de la Cámara de Diputados.

En cuanto al decreto delegado por el cual Milei se proponía disolver Vialidad Nacional, el texto sostenía que la estructura de no se ajustaba “a las necesidades actuales de gestión”, lo que se reflejaba en “altos costos operativos” y falta de agilidad, y mencionaba una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo y una mayor eficiencia en los tramos concesionados a privados.

A su vez, reasignaba tareas esenciales como la planificación de obras, la elaboración de pliegos y los controles de gestión eran reasignadas a unidades dentro del Ministerio de Economía, y disponía la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el objetivo de “reducir el gasto público” y se basaba en que la Gendarmería Nacional ya tiene la capacidad operativa para realizar el control en las rutas nacionales.

Otra de las facultades del decreto rechazado por el Senado era que buscaba convertir a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, en un nuevo ente que absorbía las competencias de fiscalización de las concesiones viales que antes tenía Vialidad.

Lo mismo estaba previsto para la Junta de Seguridad en el Transporte, que cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, al limitar su competencia al transporte aéreo, y sus funciones de investigación en los modos ferroviario, automotor y marítimo pasarían a ser suprimidas o reasignadas a otros organismos.

Por su parte, con los decretos que buscaban transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Gobierno proponía quitarles su carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados y dependientes de secretarías de Estado.

El INTA, en tanto, pasaría a depender de la Secretaría de Agricultura, mientras que el INTI sería transformado en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; en ese caso se cuestionó que el 30 por ciento de sus recursos humanos se hubieran concentrado en el área de administración, un ratio “muy por encima de los estándares habituales”.

Por último, el Senado también le dio su estocada final al decreto de necesidad y urgencia que establecía la desregulación de la Marina Mercante.

Por amplia mayoría fueron rechazados cada uno de los decretos: INTA e INTI (60 rechazos, nueve afirmativos y una abstención); organismos de cultura (57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención); Banco Nacional de Datos Genéticos (58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención); Marina Mercante (55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones); y Vialidad (50 rechazos, 10 afirmativos y una abstención).

El rechazado decreto 462/25

El decreto de facultades delegadas 462/25, uno de los rechazados, establecía la disolución de la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la reasignación de sus funciones al Ministerio de Economía y a la ANMAT. Además, disponía la disolución de otros organismos, como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

El decreto, ahora derogado, se enmarcaba en la Ley de Bases y buscaba, según los considerandos del texto oficial, "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "disminuir el déficit". A continuación, el detalle de los principales cambios que proponía la norma:

La disolución de ARICCAME era justificada por el Gobierno, al considerar que el organismo tenía una "sobredimensión jerárquica y funcional" con un directorio de cinco miembros, un Consejo Federal de 25 y un Consejo Consultivo de 20, para una dotación de apenas siete agentes.

En cuanto al INAFCI, el Gobierno argumentó que, con 930 agentes, utilizaba de forma "discrecional los recursos públicos" y que los expedientes tramitados carecían de informes técnicos y rendición de cuentas; y sobre la disolución del INASE y la Comisión Nacional de Semillas, decía el Gobierno que generaban "circuitos administrativos redundantes" y una "burocratización excesiva".

Finalmente, este mismo decreto no disolvía pero sí transformaba al INTA, el INTI y el INPI, tres de los organismos de ciencia y tecnología más importantes del país, a los cuales les quitaba el carácter de entes autárquicos o descentralizados para convertirlos en organismos desconcentrados, dependientes directamente de secretarías de Estado.

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) pasaba a depender de la Secretaría de Agricultura; el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) se transformaba en una unidad dependiente de la Secretaría de Industria; y el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) pasaba a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Industria.