Hoy se cumplen 43 años del asesinato de Marcela Andrade

El domingo 13 de junio de 1982, en los últimos días de la Guerra de Malvinas, la familia Torres–Andrade emprendía un paseo habitual por las afueras de Río Grande. En el Renault 12 viajaban María del Carmen Torres, madre de Marcela; su hermana Esterlina Torres, su cuñada Elsa Carranza, y tres niños, Emiliano de tres meses, Federico de un año y medio y Marcela Andrade, de nueve años. El objetivo era volver antes de la restricción horaria impuesta por el conflicto, que obligaba a los vecinos a permanecer en sus casas a partir de las 18 horas.

El clima era invernal pero soleado. La ciudad vivía bajo apagones forzados, patrullajes y operativos militares. La desinformación era la norma, y la población solo accedía a partes oficiales en horarios reducidos. Ese día, la familia decidió dirigirse hacia la zona de la Misión Salesiana, sin saber que estaban por ser involuntarios protagonistas de una tragedia.

Al llegar a un retén militar ubicado en las cercanías, se les indicó que debían dar la vuelta y regresar. Un vehículo que los precedía giró en "U" y ellos hicieron lo mismo. En ese momento, una fuerte explosión dentro del auto interrumpió el paseo: un disparo de arma de fuego había atravesado el vehículo, generando confusión y una nube de polvo blanco en el interior. Sin saber aún qué había sucedido, descendieron rápidamente del auto.

Fue entonces cuando vieron a Marcela, había recibido un disparo en la cabeza. La madre permaneció junto a ella, mientras soldados del retén llegaban corriendo, visiblemente alterados. Testigos recuerdan que entre ellos se preguntaban quién había disparado y por qué lo habían hecho. Uno de los soldados subió al vehículo para trasladar de urgencia a la niña y su madre al hospital. Pero Marcela ya había fallecido.

El resto de la familia fue llevado por un civil que pasaba por el lugar. Nadie del Ejército ni de las autoridades institucionales se acercó para brindar explicaciones, contener a la familia o asumir alguna responsabilidad. Apenas fueron citados por la policía para declarar, pero jamás recibieron respuesta formal, ni justicia.

Durante décadas, el hecho fue silenciado. El nombre de Marcela Andrade no fue mencionado en ningún medio de comunicación. El miedo, la censura y la represión imperante en la dictadura impidieron que la comunidad conociera lo ocurrido. La familia vivió el duelo en soledad, con el dolor profundo de haber perdido a una niña en un acto tan absurdo como impune.

Recién en 2022, al cumplirse 40 años del asesinato, la familia decidió compartir públicamente lo sucedido. Lo hicieron por memoria, por verdad, y por la necesidad de que se reconozca a Marcela como una víctima más del terrorismo de Estado. Ese mismo año, se colocó una placa en la Escuela Nº2 de Río Grande, donde Marcela cursaba cuarto grado, como forma de reparación simbólica.

A pesar del paso del tiempo, el caso continúa impune. Nadie fue juzgado ni identificado como autor del disparo que terminó con la vida de una niña inocente. María del Carmen Torres, su madre, falleció en 2022 sin haber recibido nunca una explicación. Hoy, a 43 años del asesinato de Marcela Andrade, la memoria sigue viva. Porque no hay democracia plena sin justicia, sin verdad y sin el derecho a recordar lo que se quiso borrar.