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La situación de los acompañantes terapéuticos en Tierra del Fuego se vuelve cada vez más crítica. Trabajando con personas en situación de vulnerabilidad, muchos de estos profesionales llevan medio año sin cobrar por sus servicios. Acusan a la OSEF de mantener una deuda prolongada y pagar valores por debajo de los establecidos legalmente, lo que agrava aún más la precarización del sector.
Viviana Carmona, acompañante terapéutica de Río Grande, denunció públicamente que lleva seis meses sin percibir sus honorarios. La situación afecta a numerosos trabajadores que brindan apoyo profesional a personas con padecimientos psicológicos, trastornos mentales o condiciones de alta vulnerabilidad. “Trabajamos con personas y sus familias, que también han reclamado, pero no obtenemos respuesta. En febrero tuvimos una reunión con el señor Franco Tomasevich, pero no se resolvió nada”, declaró Carmona a FM Aire Libre.
Según explicó, la OSEF reconoce solo una parte del valor que debería pagarse por hora de trabajo. La Ley 24.901 establece que, desde diciembre pasado, la hora debe pagarse a $12.370,61, pero la obra social provincial abona apenas $5.294,66. Esta diferencia, señaló Carmona, debería cubrirla la familia del paciente, algo que en la práctica es inviable. “¿Cómo le van a pedir a una familia que vive con una pensión RUPE que pague una diferencia de más de $7.000 por hora?”, cuestionó.
La situación no solo afecta los pagos, sino también la cantidad de horas autorizadas por paciente. Carmona detalló que, aunque los profesionales de salud mental que coordinan los equipos indican la necesidad de acompañamientos de seis horas, en muchos casos la autorización de la obra social llega por solo dos o tres. Esto no solo deteriora la atención de los pacientes, sino que también recorta drásticamente los ingresos de quienes prestan el servicio.
“Somos parte de un equipo interdisciplinario. El profesional indica cuántas horas semanales deben cumplirse, pero esas horas ni siquiera son autorizadas en su totalidad. El ajuste llega por todos lados”, afirmó. La falta de un nomenclador nacional, reconoció, deja al sector en una situación de mayor vulnerabilidad, al no estar regulado de forma clara y uniforme.
Desde el sector sostienen que la deuda acumulada, los valores desactualizados y la reducción en horas autorizadas conforman un combo que no solo afecta a los trabajadores, sino también a los usuarios del sistema. Exigen respuestas urgentes, regularización de pagos y que se respeten los derechos laborales y sanitarios. Mientras tanto, la incertidumbre y el desgaste crecen, en un contexto en el que los más perjudicados siguen siendo los sectores más vulnerables de la sociedad.
