El juez González Cárcamo justificó una medida cautelar tras una denuncia en su contra: “La medida fue legal, fundada y necesaria”

Luego de que la abogada Violeta Coronel solicitara un jury de enjuiciamiento en su contra por supuestos hechos de “abuso de autoridad y prevaricato”, el juez de Familia y Minoridad Fernando González Cárcamo salió a dar su versión sobre el accionar judicial que motivó la presentación.

La denuncia de Coronel señala que el magistrado ordenó medidas cautelares —entre ellas, un allanamiento para secuestrar un teléfono celular y un acta de concubinato— sin que existiera una demanda formal previa. Según expresó la letrada, estas decisiones fueron desproporcionadas y afectaron tanto psicológica como económicamente a su representado.

A través de una comunicación oficial, el juez explicó que la medida se adoptó en el marco de una causa por compensación económica, donde se expusieron elementos relacionados con una presunta convivencia y una situación de desequilibrio patrimonial atribuida a violencia económica. “La medida fue legal, fundada y necesaria”, afirmó.

En su descargo, González Cárcamo sostuvo que la resolución no se apoyó en meros relatos, sino en un extenso conjunto de elementos probatorios. “Más de 20 audios, capturas de WhatsApp, cartas documento e informes de organismos públicos fueron evaluados antes de tomar la decisión”, puntualizó. Agregó además que la intervención se ajustó a los requisitos procesales establecidos para este tipo de medidas, específicamente la verosimilitud del derecho y el riesgo de que la prueba —el contenido del teléfono celular— pudiera perderse.

El magistrado también detalló que uno de los puntos centrales de la solicitud estaba vinculado con una presunta maniobra irregular sobre un inmueble. Según indicó, se buscaba acreditar que la venta del bien donde actualmente reside la denunciante junto a un hijo menor habría sido simulada, y que actualmente estarían bajo amenaza de desalojo por parte del nuevo titular.

Respecto al operativo de allanamiento, explicó que fue llevado adelante por la División de Delitos Complejos en el marco del programa ForCIC, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, al que adhiere la provincia. Subrayó que dicha actuación no implicó “considerar a la parte como delincuente”, sino que se trató de una medida técnica orientada a garantizar la preservación de pruebas digitales.

Finalmente, recordó que se trata de un expediente de familia, y por lo tanto, de carácter reservado. En ese sentido, señaló que no corresponde divulgar más detalles del proceso en resguardo de la intimidad de las partes.