El CECIM La Plata intimó al PAMI por el corte en la cobertura de medicamentos a excombatientes

El CECIM La Plata reaccionó con firmeza ante el recorte de la cobertura del 100% de los medicamentos para los excombatientes de Malvinas, decidido por el PAMI bajo el gobierno de Javier Milei. A través de una carta documento, la organización exigió la reposición inmediata de la cobertura y adelantó que, de no cumplirse con el reclamo, iniciará una denuncia penal contra los responsables de la obra social.

Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata denunciaron que, a partir de los recientes cambios implementados por el Gobierno nacional, el PAMI recortó la cobertura total de los medicamentos que recibían gratuitamente. Esta medida, que afecta a jubilados y pensionados, también ha impactado a los veteranos, quienes ya comenzaron a padecer las consecuencias del recorte al dirigirse a las farmacias y encontrarse con que los medicamentos no eran cubiertos como antes.

El CECIM La Plata reaccionó enviando una carta documento al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, en la que exigen que, en un plazo de 24 horas, se restituya la cobertura del 100% de los medicamentos para todos los excombatientes de Malvinas. En el documento, señalan que muchos veteranos se han visto obligados a pagar por medicamentos que antes recibían de forma gratuita, una situación especialmente grave para aquellos con enfermedades crónicas derivadas de las secuelas de la guerra, como el estrés postraumático.

Además, el CECIM denuncia que el PAMI está violando la Resolución 191/05, que establece el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra y su grupo familiar, y afirman que esta decisión representa una regresión que afecta los derechos humanos de los excombatientes. “Esto constituye una severa violación al derecho humano a la salud de un colectivo que, además, es sujeto de protección específica”, señalan en la carta.

La organización advierte que, si el PAMI no restituye la cobertura de manera inmediata, se procederá con acciones penales contra el presidente de la obra social, responsabilizándolo por ser el “garante de la integridad psíquica y física” de los excombatientes, y acusando que el recorte es un ataque directo a su bienestar.