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Dado a que el Presupuesto 2025 de Tierra del Fuego plantea un nuevo escenario fiscal con la inclusión del impuesto inmobiliario como recurso provincial, el ministro de Economía de Tierra del Fuego, Francisco Devita, destacó en diálogo con Radio Provincia que la decisión sobre este tributo dependerá de un acuerdo político entre el gobernador, los intendentes y los legisladores. Además, subrayó la importancia de aprobar el presupuesto como herramienta de transparencia y planificación económica en un contexto de incertidumbre nacional.
En primer término, el ministro de Economía Francisco Devita explicó que el presupuesto 2025 incluye el cobro del impuesto inmobiliario, cuya suspensión está prevista por ley solo hasta el 31 de diciembre de 2024 "nosotros como equipo técnico debemos presupuestar el recurso porque la normativa cae el 31 de diciembre, y no estamos al tanto de que haya un proyecto de ley para extender la suspensión del cobro", detalló.
En esa línea, Devita aclaró que la decisión final sobre este impuesto dependerá de la "voluntad política" de los titulares de los poderes ejecutivos y los legisladores.
"Si se decide suspender nuevamente el cobro, será necesario introducir modificaciones al presupuesto", agregó.
Respecto al impacto del tributo, Devita mencionó que, de los 4.000 millones de pesos presupuestados, el 46,6% se coparticipará con los municipios. Esto equivaldría a aproximadamente 1.000 millones de pesos para Río Grande y Ushuaia, según las estimaciones preliminares.
En relación al presupuesto nacional, Devita expresó preocupación ante la posibilidad de que no sea aprobado "el presupuesto es una guía esencial para los actores económicos y una herramienta de transparencia en la gestión de recursos", sostuvo, rechazando enfáticamente las especulaciones sobre una supuesta intención del Gobierno de trabajar con un presupuesto reconducido.
"Queremos un proyecto aprobado que cuente con los consensos necesarios y que mantenga las herramientas propuestas para el año próximo", afirmó.
Por último, Devita subrayó que, en caso de reconducción presupuestaria, se limitarían las capacidades de planificación y ejecución de políticas públicas para el 2025.
