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Renovación de cuotas de pesca provoca conflicto con empresas pesqueras de Tierra del Fuego
El sector pesquero de Tierra del Fuego y otras provincias patagónicas se encuentra en conflicto contra el Gobierno de Javier Milei, luego de que se confirmara la renovación anual de las cuotas de pesca en lugar de los 15 años que demandaban las empresas. La decisión, enmarcada en un contexto de denuncias de corrupción y posibles prácticas monopólicas, ha generado fuertes tensiones entre los actores del sector.
País16/11/202419640 NoticiasLas empresas pesqueras, especialmente aquellas de Tierra del Fuego, están enfrentando un creciente malestar con la administración de Javier Milei, tras la decisión del Gobierno de renovar por un año las cuotas de pesca, en lugar de los 15 años que esperaban las compañías del sector.
Este nuevo esquema, anunciado por el subsecretario de Recursos Acuáticos, Juan Antonio López Carzola, ha generado tensiones en varias ciudades costeras, incluyendo Mar del Plata y las capitales de las provincias patagónicas, que dependen de la industria pesquera para su economía local.
El pasado martes 12 de noviembre, López Carzola comunicó a los ejecutivos de las cámaras pesqueras que la renovación de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) se limitará a solo 365 días, y que la situación se revisará nuevamente en diciembre de 2025. Según el funcionario, esta decisión responde a los “diversos frentes abiertos” que enfrenta el sector, que incluyen denuncias de corrupción y acusaciones de cartelización en la distribución de las cuotas pesqueras.
Uno de los puntos más polémicos está relacionado con las denuncias de Liu Zhijiang, empresario chino radicado en Tierra del Fuego, quien lidera la empresa Prodesur. Zhijiang, propietario del buque Tai An, ha sido un crítico constante del sistema actual de reparto de cuotas, acusando a las grandes empresas pesqueras, como Argenova, Estremar y Pesantar, de monopolizar la pesca de merluza negra.
Según el empresario, estas empresas se beneficiarían de un sistema de cuotificación que favorece a los mismos actores desde hace años, lo que a su juicio constituye una práctica oligopólica que limita la competencia y daña a empresas más pequeñas como Prodesur.
El conflicto no solo involucra a los empresarios locales, sino que también ha llamado la atención de organismos internacionales. La Embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, ha mostrado interés en el caso debido a las denuncias de coimas y corrupción dentro del proceso de asignación de cuotas, lo que ha elevado la presión sobre el Gobierno de Milei para que se tomen medidas.
En este contexto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha propuesto un esquema de licitación más transparente para el reparto de cuotas, basado en el mejor precio y la calidad del servicio, que podría cambiar radicalmente la forma en que se distribuyen las licencias de pesca.
Este conflicto llega en un momento clave para la industria pesquera, que es uno de los sectores más importantes de la economía argentina, especialmente en las provincias patagónicas. La merluza negra, conocida como “la joya de la corona” del negocio pesquero, cotiza en el mercado internacional a más de 25.000 dólares la tonelada, lo que genera enormes ganancias para las empresas que logran obtener las cuotas de captura.
Sin embargo, este sistema de reparto tradicional ha sido cuestionado por su falta de transparencia y por las fuertes denuncias de manipulación que afectan a muchas de las empresas más pequeñas del sector.
La decisión del Gobierno de limitar la renovación de las cuotas a solo un año ha puesto en alerta a los empresarios pesqueros, quienes temen que la incertidumbre generada por este cambio pueda afectar gravemente sus operaciones y el futuro de la pesca en la región.
La situación está siendo monitoreada de cerca por la Justicia Federal, que investiga las denuncias de coimas y posibles irregularidades en el reparto de cuotas, mientras el Consejo Federal Pesquero (CFP) continúa con su proceso de cuotificación para los próximos 15 años.
Este conflicto no solo afecta a las empresas pesqueras de Tierra del Fuego, sino que también está alterando el equilibrio de poder en la industria, con implicaciones para el mercado nacional e internacional. La batalla por el control de las cuotas de pesca de merluza promete seguir siendo un tema candente en los próximos meses, mientras las autoridades nacionales intentan dar respuesta a las críticas y las demandas de los diferentes actores del sector.
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