Funcionaria de Vuoto acusada públicamente por presuntas estafas en dólares

A través de los medios de comunicación, una mujer que reside en la ciudad de Ushuaia denunció públicamente haber sido, presuntamente, estafada por una funcionaria del gabinete municipal a cargo de Walter Vuoto.

Siempre de acuerdo al testimonio de la mujer, de nombre Romina, la subsecretaria del Centro de Atención Vecinal de la Municipalidad de Ushuaia, Vanesa Sáez, la habría estafado y por tal motivo le adeudaría unos 50 mil dólares. La denunciada, además de trabajar bajo el mandato de Vuoto, responde políticamente a Pablo García, líder del Centro de Empleados de Comercio de Ushuaia (CECU), tal como lo atestiguan las fotografías que la propia Sáez publicó en redes sociales.

En la denuncia también vinculó a la pareja de la funcionaria, Matías Roa, quien tendría un rol preponderante en el supuestos desfalco perpetrado a través de una mesa de dinero que funcionaría de forma ilegal en la ciudad.

'Somos más de 20 familias las perjudicadas, pero muchos no quieren hablar por miedo a represalias políticas y laborales', afirmó la denunciante quien explicó que se unió a un grupo de WhatsApp llamado 'Los Arbolitos', encabezado por Sáez. En ese grupo se ofrecía invertir mil dólares 'con la promesa de recibir mil doscientos dólares, la semana siguiente'.

Asimismo, afirmó que 'la pareja de Sáez, Matías Roa, era el encargado de manejar el dinero. Ellos actuaban como una financiera informal, pero en un punto dejaron de devolver el dinero', explicó la mujer perjudicada, mencionando el caso de otra persona a quien le adeudarían 175 mil dólares.

Por otra parte, relató que conoce el caso de una persona a la que Sáez le ofreció un terreno municipal a cambio de $ 1.800.000: 'Le habían entregado los lotes a una asociación vecinal y como uno de los beneficiarios se había dado de baja porque no cumplía con los requisitos en la carpeta, esa persona le dio (a Vanesa Sáez) $ 1.800.000 pero nunca le entregaron el terreno'.

La denunciante aseguró haber archivado mensajes de texto, conversaciones en redes sociales fotografías, audios y comprobantes de transferencias que obrarían en su poder para justificar su denuncia ante la Justicia.

FUENTE: Costo Político