El Gobierno mira un vacío legal para privatizar una empresa pública que no está en la Ley Bases

Tanto por su presencia a nivel territorial como por su rol para la organización de las elecciones legislativas, el Correo Argentino fue una de las principales empresas defendidas por senadores opositores y los gobernadores durante las negociaciones por las privatizaciones de la Ley Bases. La compañía finalmente fue apartada de ese listado y el Gobierno de Javier Milei busca seguir con un nuevo modelo operativo de cara a los próximos años.

Antes de que todo eso se discutiera en los pasillos del Congreso en junio y julio, la compañía ya había logrado retrotraer una fuerte dinámica negativa que acarreaba desde el año pasado, cuando se terminó con un rojo de $ 113.000 millones. Mayo fue el primer mes desde 2009 en el que se computó un resultado operativo positivo. Esto se logró sin contar el monto de las indemnizaciones, que explicaron una parte significativa del recorte que se hizo a nivel interno.

Y es que el Correo Argentino es la segunda mayor empleadora de entre el grupo de empresas estatales. El último informe de dotación de INDEC indica que esta tiene 12.781 empleados. Esto se produjo, según el último Informe de Gestión dado a conocer días atrás por la Jefatura de Gabinete, porque desde el 10 de diciembre de 2023 hubo 4181 desvinculaciones -siendo 2986 de estos por retiros voluntarios-.

Se trata del área del Estado en la que mayor cantidad de desplazados hubo: incluso más que en cualquier ministerio. Eso obligó a Milei a reordenar partidas del presupuesto en varias ocasiones y devengarle un total de $99.880.774.023 para las indemnizaciones.

El presidente del Correo Argentino es Camilo Baldini, un técnico vinculado al sector que formó parte de la compañía en los últimos dos gobiernos kirchneristas (el macrismo lo expulsó al comienzo de su gestión). Se trata de un área clave por sus múltiples tareas durante todo el proceso electoral. Se trata de un área con especial interés de parte de la mesa chica libertaria.

En última instancia, el plan de los directores de la compañía -en línea con los del Gobierno- es concesionar el Correo Argentino; y según esgrimen los equipos técnicos de la gestión libertaria, no haría falta tramitar un aval para poder privatizarla a través del Congreso de la Nación.

La Ley 23.696 de Reforma del Estado impulsada por Carlos Menem en 1989 estableció el procedimiento para privatizar las compañías estatales. Ocho años después, el Decreto 840/97 le adjudicó la concesión de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía al Correo Argentino; lo que se retrotrajo seis años después (con el Decreto 1075/03), encomendando al Ministerio de Planificación Federal a decidir en un plazo de 180 días cómo se iba a volver a privatizar el servicio.

Esto no sucedió. Incluso, desde 2003 que ese plazo se viene renovando constantemente. "Hoy se podría avanzar con un nuevo proceso de concesión según lo que indica el decreto. Este antecedente habilita la convocatoria a una licitación para concesionar el servicio mediante un decreto simple del Ejecutivo Nacional", afirman fuentes inobjetables del Correo Argentino.

Salvo excepciones puntuales como las del Correo, las empresas públicas deben tener la venia del Congreso para poder ser privatizadas o venderse su paquete accionario total o parcialmente. El proceso para esas privatizaciones lo lleva adelante el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

Si la concesión planea hacerse en los próximos meses todavía es un misterio. Aun así, desde la Vicejefatura de Gabinete del Interior, el área encargada de planificar la logística para las próximas elecciones, comunicaron que van a garantizar el "pleno ejercicio del rol del Correo Argentino en la organización de las próximas elecciones".

"Históricamente el Correo Argentino contrata personal temporario para cumplir con todas las tareas relacionadas a la elección que lo involucra. Un procedimiento que, como han afirmado sus autoridades, se conducirá de igual manera y con normalidad en 2025", agregaron en una de las respuestas a los diputados del Informe de Gestión.

De las 1452 sucursales que la compañía tenía a lo largo del país antes de la asunción de Milei, solo se cerraron 57 (es decir, un 3,97% del total). Dado que estas se cerraron por unificación de sedes y los retiros de personal, no sería esperable que, a nivel territorial, se siga con mayores cierres porque el recorte a grandes rasgos ya se hizo.

Sin embargo, hay 901 bienes inmuebles del Correo que forman parte del inventario de la empresa en todo el país, según revelaron desde la Jefatura de Gabinete en el documento enviado al Congreso la última semana. Está la decisión de desafectar varios de estos y entregarlos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que pueda, en la mayor cantidad de los casos, decidir su posterior venta.