El Gobierno provincial intimó al desarme del radar

El secretario de Malvinas de la provincia Andrés Dachary fue consultado por Radio Nacional Ushuaia sobre el funcionamiento del radar de Leolabs. 

“Lo que es el control del radar, es la Subsecretaría de Comunicaciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional el que acredita que no está funcionando porque -desde lo que fue la auditoría desde fines del mes de mayo pasado- la empresa creó un sistema de monitoreo que todas las semanas tiene que enviar el reporte de no actividad, con lo cual el Gobierno nacional el que certifica que no está funcionando”, sintetizó Dachary.

Agregó que “posteriormente, cuando el Ministerio de Defensa emite la opinión y se otorga la cancelación definitiva ya queda un estatus irreversible de que no puede operar. A partir de ahí lo que hizo el Gobierno de la provincia desde lo que es el Ministerio de Producción y Ambiente fue una intimación en la cual se exigió a la empresa que presente lo que es un plan de desarme. Es decir, literalmente desarmar toda la infraestructura habida cuenta de lo que justamente es la amplificación del Gobierno nacional”.

Dachary informó que esta resolución de la cartera que preside Sonia Castiglione fue notificada a Leolabs el pasado jueves “con lo cual la empresa tiene que correr unos plazos legales para que presente esto que tiene que ver justamente con el desmantelamiento de infraestructura”.

Sin embargo la propia empresa siguió emitiendo imágenes espaciales a pesar de la prohibición del Ministerio de Defensa, a lo cual Dachary insistió en que es el Gobierno nacional el responsable de hacer cumplir esta manda y no la provincia.

Consultado si la provincia no podría suspenderle la energía eléctrica a través de la Dirección Provincial de Energía -DPE-, el funcionario provincial entendió que “esta es una situación absolutamente indeseable la que se ha generado con esto y creo que ningún fueguino podría estar de acuerdo con la presencia de algo que el Ministerio de Defensa ha dicho, que amenaza lo que es la seguridad nacional y que además estén involucrados capitales británicos. El tema es la capacidad de acción que tiene el Gobierno de la provincia. Cuando uno ve literalmente lo que han sido todos los documentos que se han generado, tanto el de la Cancillería, el del Ministerio de Defensa, el de la Jefatura de Gabinete, permanentemente todo lo que tiene que ver con la autorización, queda absolutamente claro que la responsabilidad primaria siempre estuvo en la Jefatura de Gabinete del Gobierno nacional. Después, todas las que sean las relaciones con distintos organismos dentro de lo que es el Gobierno de la provincia, se manejan en función a lo que son las normas que regulan la actividad específica, es decir, por más que esto sea contrario a lo que es la mirada de que esto está mal, los distintos organismos tienen que manejar por sus reglamentos, no porque no nos gusta algo”.

“Lo que puede hacer el Gobierno de la provincia a partir de la cancelación es intimar como se hizo inmediatamente para el plan de desarme. El que debe garantizar que este radar no está funcionando es el Gobierno nacional, a través de un organismo competente creado a tal efecto como lo es la Subsecretaría de Comunicaciones”. 

“Acá ha habido una empresa que quizás a partir de un clic legal en todo lo que son las distintas autorizaciones, las distintas normas que regulan la actividad a nivel nacional, presentó todas estas situaciones, toda esta documentación que se requería, termina adquiriendo una aprobación hasta lo propio, con distintos organismos del Gobierno de la provincia, y el resultado claramente es totalmente ilegítimo, una situación que nadie desea tanto para los ojos del Gobierno nacional como el Gobierno de la provincia. Pero luego todo el procedimiento para desandar, lamentablemente nos tenemos que basar, es decir, no se puede cortar servicios cuando no hay, es decir, la argumentación de la contratación de cualquier privado que lo estaría haciendo. Es decir, si hay una actividad en la cual está regulada y el único trabajo que está tipificado dentro de lo que es el Código Penal como un agravante para la realización de cualquier tipo de delito, es un funcionario público. Con lo cual no se le puede pedir a un funcionario público que haga lo que no tiene permitido”, cerró.