“La gente no está pidiendo que nadie pague su crédito, pero sí hacerlo de manera razonable"

El Dr. Cristian Rubio, abogado patrocinante en los reclamos de los que han tomado créditos UVA en el Banco Tierra del Fuego, dio a conocer por FM La Isla que este jueves fue fijada una audiencia en horas del mediodía en la capital fueguina, en la que se intentará llegar a un acuerdo para cambiar la modalidad de cálculo.

Explicó que “hay dos procesos en marcha, uno radicado en Ushuaia y otro en Río Grande. En el de Ushuaia hay una audiencia preliminar de conciliación, para intentar de llegar a un acuerdo y, de no ser esto posible, se tiene que proceder a apertura a prueba. Tenemos distintos tomadores de crédito, porque son muchas familias, y hemos presentado unas 59 demandas en Río Grande y unas 20 en Ushuaia. Son créditos que datan de 2016 y 2017, algunos ya están por la mitad, porque eran a 10 años, pero el grueso está entre los 15 y los 20 años. La morosidad es cero porque el descuento es automático, pero hay gente que se ha quedado sin trabajo, se ha separado o divorciado, tenemos un caso donde falleció uno de los tomadores de la pareja, y no es fácil canalizar la gran demanda que hay”, dijo.

Un “acuerdo entre privados”

Los legisladores y referentes del sector político no han incursionado en este tema porque lo consideran un acuerdo entre privados. El abogado observó que “involucra varias aristas y podemos decir que es un acuerdo entre privados, entre un banco y un particular, pero la realidad es que la gente tomó estos créditos para acceder a su primera vivienda única y de ocupación permanente. La operatoria fue promocionada por el Estado y era muy atractiva. Nuestros clientes nos manifiestan que se les vendió esto como una posibilidad para acceder a su primera vivienda, con una tasa muy baja, y con un sistema atado a la inflación, que en su momento se consideraba que iba a descender. Accedieron al crédito pagando en pesos y el valor de la vivienda se expresó en UVAs, que son unidades de valor adquisitivo representadas por el valor de la milésima del metro cuadrado de construcción, de acuerdo a un promedio de las principales capitales del país. Cuando comenzó el sistema, el 31 de marzo de 2016, la UVA valía 14,78 pesos. Al mes de mayo, cuando hicimos la primera presentación, ya la UVA estaba en 117 pesos, es decir que ha subido un 137% por año aproximadamente, y ninguna inflación alcanzó ese valor. Realmente no sé cómo calcularon ese valor, pero son los datos concretos que puedo dar”, subrayó.

“La gente no está pidiendo que nadie pague su crédito, pero sí hacerlo de manera razonable y con los medios que están a su alcance, que son sus salarios y son en pesos. Algunos remitieron notas al Banco de Tierra del Fuego y ninguno tuvo respuesta. Los términos del contrato son claros, pero hay que sentarse y modificarlos. No hay voluntad de hacerlo y por eso han recurrido a la justicia, con la expectativa de generar este marco de diálogo para llegar a un acuerdo. Esta deuda no para de crecer y en algunos casos está pactado que la cuota no puede superar el 30 ó 35% de los ingresos. Si lo supera, se van agregando UVAs por la diferencia, es decir que se agregan cuotas y no terminan nunca. Quieren encontrar el mecanismo para poner un corte y cancelar la deuda”, expuso.

“Hay gente que tomó créditos por dos o tres millones de pesos y está debiendo doce millones. Hay un fallo de la provincia de Mendoza que sirvió de base, si bien no aperturamos las demandas sobre esos parámetros, donde cambiaron el índice UVA para la actualización del capital por el índice de evaluación del coeficiente salarial. En Tierra del Fuego lo que se pretende es renegociar y ver cómo pueden salir de esto, saliendo de las UVA pero con otro sistema de actualización, a una tasa razonable que puedan afrontar con sus ingresos”, dijo. 

“Por ejemplo, una persona que tomó uno de estos créditos, representaba diez ingresos y los iba a afectar a la compra de su casa. Ese crédito de diez ingresos lo iba a pagar en diez años, pero transcurrió la mitad del plazo, llegaron a los cinco años y hay gente que no debe otros cinco años, sino que debe ocho años más. Por más que paguen puntualmente, el esfuerzo que hacen es cada vez más grande y quieren salir de este sistema en una forma ordenada. En un contexto de una inflación tan marcada es muy difícil de subsanar”, advirtió.

“Queremos evitar el daño, llegar a una situación de morosidad y que la gente no pague o pierda su propiedad. No estoy interiorizado del tratamiento de este tema en el Congreso, que ha tenido muchas idas y venidas. En 2019 salió la ley 27.541 de solidaridad social y reactivación productiva, que ordenó al Banco Central hacer una evaluación de desempeño y consecuencias del sistema UVA, sociales y económicas, y estudiar los mecanismos para mitigar los efectos negativos, atendiendo el criterio de esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. Estableció un plazo que terminó el 31 de julio, y a partir de agosto y septiembre las cuotas se liberaron, por eso la gente está haciendo su reclamo”, indicó.

“El jueves en Ushuaia vamos a analizar los recibos de sueldo y el aumento de las cuotas, pero hay un marcado ascenso en el incremento de las cuotas. La mayoría de las consultas han sido sobre créditos tomados en el Banco Tierra del Fuego, hay algunas del Banco Nación y otras muy puntuales con bancos privados, pero el grueso está en el banco provincial”, precisó. 

“Seguramente el jueves estará presente la asesoría letrada del banco, porque estamos en el marco de un proceso. Hay expectativa y la gente está muy ansiosa, y la situación amerita llevar un poco de tranquilidad a la gente que está involucrada”, reclamó. 

“Mi opinión personal es que tal vez con las mejores intenciones diseñaron esto y nunca previeron el daño que podía causar por la evolución posterior de la curva inflacionaria. Al momento de crearse este sistema, el informe que mandó el Banco Central al Congreso de la Nación en 2016 hablaba de un proceso de desinflación, y que se iba a ir reduciendo con metas específicas año a año. Desconozco el número total, pero se estima que en el país hay alrededor de cien mil personas afectadas por esta situación. El problema es que no sé si cien mil personas a nivel político mueven la aguja, y entonces no hay una solución. Acá hay que sentarse y darle una solución a la gente y hoy el único recurso que queda es reclamar un acuerdo consensuado. Ojalá que así sea”, concluyó.