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El Gobierno de Tierra del Fuego avanza en la elaboración de un proyecto de ley destinado a regular las operaciones marítimas vinculadas con el departamento Islas del Atlántico Sur, en medio de la controversia generada por la nueva ruta comercial entre Punta Arenas, Chile, y las Islas Malvinas. La iniciativa contempla un régimen sancionatorio para las empresas que operen en la zona sin autorización provincial y busca establecer herramientas normativas específicas para la jurisdicción insular.
El proyecto fue confirmado por Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, quien explicó que la propuesta representa un cambio en el enfoque legislativo de la provincia respecto de la cuestión Malvinas.
“Es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”, señaló el funcionario en declaraciones a Infobae.
Según detalló Dachary, la iniciativa prevé identificar a las empresas que desarrollen operaciones en la zona, establecer sanciones y contemplar restricciones para que esas compañías puedan operar en otros puntos del territorio nacional. El alcance de la norma no dependería de la bandera de los buques ni de su puerto de origen, por lo que podría comprender embarcaciones que partan desde Chile, Uruguay u otros países.
El funcionario sostuvo que el objetivo es generar consecuencias para las compañías que participen de estas operaciones y desalentar su continuidad. En ese sentido, afirmó que las sanciones podrían afectar su reputación comercial y llevarlas a reconsiderar sus decisiones.
La iniciativa provincial se conoce en un contexto de creciente controversia por el proyecto de establecer una conexión marítima de carga entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El buque Danstar, de bandera chilena y con capacidad para transportar 1.389 toneladas, se prepara para realizar una travesía con productos como frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada.
La operación está impulsada por la naviera Easter Island, bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), organismo vinculado al desarrollo económico de las islas. De acuerdo con los datos difundidos sobre el proyecto, el recorrido se realizaría a través del Estrecho de Magallanes, con una distancia aproximada de 900 kilómetros y una duración estimada de dos días y medio.
La nueva conexión permitiría reducir a la mitad la distancia respecto del abastecimiento desde Uruguay, cuyo recorrido ronda los 2.000 kilómetros. Además, la propuesta comercial busca captar parte del intercambio de mercancías destinado a las islas, que actualmente se canaliza a través de Montevideo.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el movimiento comercial podría superar los 20 millones de dólares anuales, una cifra que dimensiona el interés económico que genera la iniciativa en la región chilena de Magallanes.
En sus declaraciones, el secretario fueguino cuestionó la postura de Chile frente al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y consideró contradictorio que, mientras respalda diplomáticamente la posición argentina, también avance en relaciones comerciales con las autoridades isleñas.
“Si apoyás el reclamo argentino, implica reconocer su soberanía y jurisdicción. No podés tener un equilibrio de negociar con el pretendido gobierno de las islas y a su vez estar a favor de Argentina”, manifestó.
Dachary también puso en discusión el argumento de que se trata de una operación exclusivamente privada. Para el funcionario, la participación de representantes políticos en el impulso de la iniciativa comercial excede ese marco.
“Deja de serlo cuando tenés al alcalde de Punta Arenas sacándose fotos abrazado con las pretendidas autoridades de las islas”, afirmó.
En relación con la dimensión económica del conflicto, el secretario comparó el volumen del intercambio bilateral entre Argentina y Chile con los ingresos que podría generar la nueva ruta. “El comercio bilateral entre Chile y Argentina son ocho mil millones de dólares. Todo este quilombo es por 20 millones”, sostuvo.
Consultado sobre los plazos para avanzar con la iniciativa, teniendo en cuenta que el Danstar podría zarpar en aproximadamente un mes, Dachary descartó que el Gobierno provincial busque sancionar una ley de manera apresurada para responder exclusivamente a ese primer viaje.
“No buscamos darle tanta entidad a este primer viaje, sino contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate, porque lo que buscás es la eficacia de la ley”, explicó.
De esta manera, la administración fueguina apunta a desarrollar un marco legal específico para las operaciones marítimas vinculadas con el departamento Islas del Atlántico Sur. El proyecto todavía se encuentra en etapa de elaboración, por lo que su alcance definitivo dependerá del contenido de la iniciativa y del correspondiente tratamiento legislativo.
La discusión abre un nuevo capítulo en torno a la relación entre soberanía, actividad comercial y jurisdicción marítima, en un escenario en el que la eventual puesta en marcha del corredor entre Punta Arenas y Malvinas genera repercusiones políticas, económicas y diplomáticas entre Argentina y Chile.
