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El conflicto en torno a la administración del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo capítulo con la intervención de la International Dockworkers Council (IDC), organización internacional que representa a trabajadores portuarios y estibadores de distintos países.
A través de un comunicado, la entidad reclamó que el puerto vuelva a estar bajo administración de Tierra del Fuego, luego de la intervención dispuesta en enero de 2026. Además, pidió revisar la gestión desarrollada durante ese período y reclamó garantías para los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
De acuerdo con la información que, según la propia IDC, recibió de sus organizaciones afiliadas en Argentina, alrededor de 140 trabajadores habrían sido desplazados de sus tareas habituales durante el período de intervención.
La organización también señaló que otros trabajadores fueron incorporados o trasladados a Tierra del Fuego desde distintos puertos y jurisdicciones.
Frente a este escenario, la IDC reclamó la finalización de la intervención y el retorno del puerto a la administración provincial, en el marco de la legislación vigente y con respeto de los derechos laborales y sindicales.
Uno de los principales pedidos apunta a la reincorporación de los aproximadamente 140 trabajadores de la DPP que, según el planteo de la entidad, fueron desplazados de sus funciones.
También reclamó que se garanticen sus salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.
En su pronunciamiento, la organización internacional sostuvo que los trabajadores “no son responsables” de las decisiones administrativas adoptadas durante la intervención. Desde esa perspectiva, la IDC consideró que los empleados portuarios no deberían asumir las consecuencias derivadas de una eventual disputa entre distintos niveles de gobierno.
La entidad advirtió, además, que las diferencias entre administraciones u organismos públicos no deberían traducirse en pérdida de puestos de trabajo ni en un debilitamiento de la representación colectiva de los trabajadores portuarios.
El segundo eje del reclamo está relacionado con la gestión económica y administrativa desarrollada durante la intervención. La IDC solicitó una auditoría completa, independiente y transparente que permita revisar distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del puerto durante ese período.
Entre los puntos que la organización pidió analizar figuran los ingresos generados por la actividad portuaria, las cuentas bancarias utilizadas, eventuales transferencias, contratos, licitaciones, adquisiciones, incorporación de personal, pagos y gastos realizados durante la intervención.
El pedido de la entidad no implica por sí mismo que se hayan comprobado irregularidades. La IDC planteó que, ante cualquier denuncia o sospecha, sean los organismos competentes los encargados de investigar y determinar, si correspondiera, eventuales responsabilidades.
La intervención de la IDC incorpora una dimensión internacional a una disputa que hasta el momento se había desarrollado principalmente en el ámbito provincial y nacional. La organización sostuvo que los recursos generados por un puerto público deben estar sujetos a los controles correspondientes y administrarse bajo criterios de transparencia.
En ese marco, pidió que el proceso de revisión de la intervención permita determinar cómo fueron administrados los recursos y cuáles fueron las decisiones adoptadas durante el período.
Como parte de su intervención en el conflicto, la IDC anticipó que durante la última semana de octubre representantes de organizaciones vinculadas al organismo llegarán a Tierra del Fuego. Según informó la entidad, durante su estadía participarán de distintas actividades y reuniones relacionadas con la situación del puerto y de los trabajadores.
La organización internacional también adelantó que continuará siguiendo la evolución del conflicto y que, si no se alcanza una solución que considere satisfactoria, evaluará junto con sus organizaciones afiliadas nuevas medidas internacionales de solidaridad y acción sindical.
La eventual adopción de esas medidas quedará sujeta a las decisiones que tomen colectivamente las organizaciones que integran la IDC.
