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El secretario general provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, negó que el gremio haya avalado la intervención del Puerto de Ushuaia y explicó que la reunión mantenida con representantes de un sindicato nacional vinculado a la actividad portuaria tuvo como objetivo buscar una salida para los trabajadores.
En diálogo con FM Aire Libre, Carlos Córdoba sostuvo que el planteo apunta al regreso de los trabajadores a sus puestos, a la conservación de la obra social, el régimen jubilatorio y los derechos laborales: “No estamos buscando nada más que los compañeros vuelvan a su puesto de trabajo”, afirmó.
El encuentro realizado durante el fin de semana, generó diferentes interpretaciones dentro del ámbito gremial. Una de ellas señalaba que ATE habría alcanzado algún tipo de entendimiento con sectores sindicales nacionales que respaldan la actual intervención del Puerto de Ushuaia.
Córdoba negó esa interpretación y explicó que el objetivo de la reunión fue generar un espacio de diálogo para intentar encontrar una salida para los trabajadores: “No se trata de lo político, eso lo dejamos afuera, y también lo que corresponde con la Justicia. Eso depende pura y exclusivamente del señor gobernador, del Presidente de la Nación o de quien corresponda. Nosotros estamos tratando de buscar diálogo y que los compañeros vuelvan a su puesto de trabajo”, explicó.
Según señaló el dirigente gremial, la prioridad pasa por garantizar que los trabajadores puedan recuperar sus puestos y mantener sus derechos: “Queremos intentar que los compañeros vuelvan a su puesto de trabajo. Que vuelvan sí o sí, que se le pase la totalidad de los fondos al puerto, que el puerto pueda manejarlos y que los trabajadores no pierdan la caja de jubilación ni tampoco la obra social”, sostuvo.
Córdoba remarcó que la reunión no implicó un acuerdo para acompañar la intervención ni una negociación para que ATE participe de la administración: “Ese es el único sentido de esa reunión, no hay otro”, enfatizó.
El secretario general de ATE explicó que el encuentro fue un primer contacto y que todavía deberán analizarse alternativas para avanzar en una solución: “Fue una primera reunión donde tenemos que ver de qué manera le damos solución”, señaló.
Córdoba también manifestó preocupación por el paso del tiempo y por la proximidad de una nueva etapa de actividad portuaria vinculada con la temporada turística.
Durante la entrevista, Córdoba fue consultado por la presencia de dirigentes de La Libertad Avanza durante el encuentro. El dirigente confirmó que estuvieron presentes durante un breve período, aunque negó que eso significara la existencia de un acuerdo político: “Estuvieron un ratito y se fueron”, respondió.
Córdoba reconoció además que dentro de ATE existe una posición contraria a que el Puerto de Ushuaia quede bajo conducción nacional: “No queríamos estar abajo de ningún mando nacional, en lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y que el puerto se maneje con los trabajadores y el Gobierno de la Provincia”, expresó.
Al mismo tiempo, planteó que esa posición no debería impedir la búsqueda de canales de diálogo que permitan encontrar una solución para los trabajadores.
En ese sentido, Córdoba anticipó que ATE continuará buscando alternativas y que podría solicitar una reunión con autoridades nacionales: “Vamos a seguir buscando. También vamos a pedir una reunión, si corresponde, con alguna autoridad nacional para tener una comunicación un poco más arriba y ver la posibilidad de que se devuelva el puerto a los trabajadores”, adelantó.
El dirigente sostuvo que la prioridad es que cualquier discusión contemple la continuidad de los convenios colectivos, la obra social, el régimen previsional y las condiciones laborales de quienes desarrollaban sus tareas en el puerto.
La intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) el 21 de enero de 2026, continúa generando posiciones contrapuestas entre Nación y Provincia.
La medida fue establecida inicialmente por un plazo de doce meses y fue fundamentada por el organismo nacional en presuntas irregularidades financieras, problemas de infraestructura y cuestiones vinculadas con la seguridad operativa.
Desde el Gobierno fueguino se cuestionó la legalidad de la medida y se realizaron presentaciones judiciales para recuperar la administración provincial.
En ese contexto, Córdoba buscó diferenciar la discusión política y judicial de la agenda gremial y volvió a poner el foco en la situación de los trabajadores: “No estamos buscando nada más que los compañeros vuelvan a su puesto de trabajo”, concluyó.
