19640 Noticias
Una denuncia penal por presunto contrabando fue presentada ante la Justicia en lo Penal Económico contra directivos, administradores y representantes de empresas pesqueras internacionales que, según los denunciantes, operarían en el Atlántico Sur bajo licencias otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes sostienen que las actividades denunciadas podrían afectar la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
Los denunciantes basaron parte de su presentación en información pública sobre empresas y buques que desarrollarían actividades pesqueras en el área de Malvinas. Según plantearon ante la Justicia, las firmas denunciadas estarían realizando una explotación comercial de recursos pesqueros argentinos mediante permisos que consideran ilegítimos.
En términos particularmente duros, los abogados calificaron las autorizaciones británicas como “verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina”.
La denuncia sostiene que los buques involucrados estarían capturando recursos vivos marinos en áreas que los denunciantes consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y que posteriormente realizarían operaciones de exportación, trasbordo o descarga sin pasar por los controles de la Aduana argentina.
Para los denunciantes, esa operatoria podría configurar el delito de contrabando, debido a que las empresas extraerían recursos que consideran pertenecientes al patrimonio argentino y realizarían operaciones sin someterse al control aduanero nacional.
La presentación también plantea que las licencias otorgadas por autoridades británicas podrían estar siendo utilizadas como mecanismo para evitar la fiscalización argentina y el pago de los derechos de exportación correspondientes.
En ese marco, los abogados invocaron distintos artículos del Código Aduanero, entre ellos los artículos 863, 864 inciso a) y 865, vinculados con la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina o la elusión de controles y distintas circunstancias agravantes.
La denuncia pone especial atención en la utilización de buques y estructuras organizadas para evitar los controles de la Aduana y de la Prefectura Naval Argentina.
Además de avanzar sobre las empresas y sus responsables, los denunciantes solicitaron que se determine si existieron eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por una posible “omisión de vigilancia, patrullaje” o por no haber promovido actuaciones destinadas a investigar y perseguir los hechos denunciados.
Para determinar qué actividades se desarrollaron en el área, solicitaron que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP remitan los reportes de avistaje e identificación de las flotas vinculadas con las empresas denunciadas y de otras embarcaciones que hayan sido detectadas operando en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin autorización argentina.
También pidieron que la Dirección General de Aduanas informe si las empresas denunciadas realizaron operaciones de exportación o pagaron los correspondientes aranceles por las capturas efectuadas en el área marítima de Malvinas.
Otro de los pedidos apunta a la Inspección General de Justicia, a la que solicitaron información sobre los vínculos comerciales de las empresas investigadas con filiales y activos operativos radicados en el territorio continental argentino.
La denuncia busca así determinar no solamente quiénes serían los responsables de las operaciones pesqueras cuestionadas, sino también cómo ingresan, salen y comercializan los recursos obtenidos en el Atlántico Sur y si existieron mecanismos destinados a evitar la intervención de los organismos argentinos.
En caso de que la investigación avance y se acrediten los hechos denunciados, los abogados solicitaron que se evalúe la posibilidad de citar a declaración indagatoria a los directivos de las empresas involucradas.
También pidieron que, de corresponder, se dispongan medidas cautelares sobre los buques y activos comerciales de las firmas investigadas en el territorio continental.
La presentación judicial se produce en un contexto de creciente atención sobre las actividades pesqueras desarrolladas alrededor de las Islas Malvinas y sobre la explotación de recursos naturales del Atlántico Sur.
Ahora será la Justicia en lo Penal Económico la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con las medidas solicitadas y establecer si las operaciones denunciadas pudieron constituir maniobras de contrabando, evasión del control aduanero o explotación de recursos bajo permisos considerados ilegítimos por los denunciantes.
