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El Gobierno nacional avanza en la elaboración de una normativa destinada a reglamentar la aplicación práctica del DNU 681/2026, que incorpora nuevas causales vinculadas con la situación migratoria de ciudadanos extranjeros.
Según fuentes del Poder Ejecutivo citadas en la información, la medida contempla procedimientos para cancelar residencias, expulsar del país o impedir el ingreso de extranjeros que expresen o promuevan discursos de odio, discriminación o violencia contra la Argentina y sus ciudadanos.
El Gobierno trabaja en la redacción de un decreto que permita establecer con mayor precisión cómo se aplicarán las nuevas disposiciones migratorias incorporadas mediante el DNU 681/2026.
La iniciativa contempla como causal de cancelación de residencia, deportación e impedimento de ingreso la incitación a la violencia basada en la nacionalidad argentina, así como determinados actos considerados de profanación, ultraje o agravio contra los símbolos patrios.
De acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo, los equipos técnicos se encuentran trabajando en las definiciones y procedimientos operativos que permitirán determinar cómo se ejecutarán las eventuales expulsiones de quienes incurran en las conductas contempladas por la normativa.
Por el momento, no existe una fecha definitiva para la firma del decreto reglamentario.
La firma del DNU 681/2026 fue impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), en respuesta a lo que la administración nacional definió como “recientes manifestaciones de hostilidad” dirigidas contra el país.
Según los argumentos oficiales, el escenario se intensificó a partir de una serie de agresiones, ataques verbales y campañas de hostigamiento registradas principalmente en redes sociales durante la celebración del Mundial de Fútbol 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
A partir de ese contexto, la administración nacional estableció una serie de lineamientos para fundamentar las modificaciones en materia migratoria.
Uno de los principales puntos contempla incorporar como motivo de expulsión o restricción fronteriza la dirección o incitación de mensajes que promuevan la discriminación o la violencia contra ciudadanos argentinos por su origen nacional.
La normativa también contempla sanciones para quienes incurran en actos de ultraje o agravio contra símbolos patrios, entre ellos la bandera, el escudo y el himno nacional.
De esta manera, el Gobierno busca establecer un marco específico que permita a las autoridades migratorias intervenir ante determinadas conductas consideradas contrarias a los criterios establecidos en la nueva normativa.
Desde la administración nacional se sostiene que las nuevas disposiciones tienen como objetivo proteger a los ciudadanos, las instituciones y los símbolos nacionales.
A través de sus canales oficiales, el Gobierno ratificó su postura con una definición contundente: “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
La reglamentación que prepara el Ejecutivo deberá establecer ahora los mecanismos administrativos y legales mediante los cuales se aplicarán las nuevas causales, así como los procedimientos correspondientes para cada caso.
