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El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, advirtió en la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile sobre la existencia de rutas de narcotráfico que conectan Ushuaia con Puerto Montt, atravesando distintos puntos marítimos del extremo sur argentino y chileno. El funcionario aseguró que las investigaciones detectaron movimientos de cocaína y cigarrillos de contrabando en ambos sentidos.
La exposición fue realizada en Punta Arenas, en una sesión dedicada a analizar el avance del crimen organizado en la Patagonia, y contó también con la participación del fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, quien aportó información sobre la dinámica delictiva en territorio argentino.
Crisosto confirmó ante los senadores que las investigaciones permitieron identificar un corredor que parte de Ushuaia y continúa hacia Punta Arenas, Puerto Natales, el ferry, Puerto Chacabuco y Puerto Montt.
“Hemos identificado rutas de narcotráfico que van de Ushuaia, que es puerto argentino en Tierra del Fuego, Punta Arenas, Puerto Natales, el ferry, Puerto Chacabuco y Puerto Montt”, detalló el fiscal regional de Magallanes.
Según explicó, el circuito es utilizado para trasladar diferentes productos ilegales por vía marítima. “El cigarrillo o la cocaína que se trafica va por barco en ese sentido. Y también hemos tenido investigaciones en las cuales la ruta es en sentido contrario”, sostuvo.
La advertencia se produce en un contexto de crecimiento del tránsito marítimo por el Estrecho de Magallanes. De acuerdo con cifras de Directemar presentadas durante la exposición, la circulación de grandes embarcaciones por esa vía aumentó un 47% entre 2024 y 2025.
Los fiscales señalaron que distintos factores geopolíticos y climáticos llevaron a las empresas navieras a incrementar el uso del Estrecho. Ese mayor movimiento comercial también genera preocupación porque, según el diagnóstico presentado, las organizaciones criminales pueden aprovechar las mismas rutas para trasladar mercancías ilegales.
Uno de los principales obstáculos identificados está relacionado con las limitaciones para fiscalizar embarcaciones que atraviesan el Estrecho de Magallanes. Según lo expuesto ante la Comisión de Seguridad Pública, los acuerdos internacionales que regulan el tránsito garantizan el paso de las embarcaciones y existen restricciones para realizar controles cuando no hay una denuncia o indicios previos.
El escenario fue respaldado desde Argentina por el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, quien describió una estructura criminal que aprovecha distintos puntos de la extensa frontera entre ambos países.
El funcionario señaló que las organizaciones utilizan caminos, campos y vehículos para atravesar la frontera y que algunas incluso adquirirían estancias con el objetivo de asegurar puntos de cruce. También mencionó el uso de camiones escoltados, comunicaciones satelitales, billeteras virtuales y casas de cambio como parte de una estructura destinada a movilizar y posteriormente blanquear los recursos obtenidos de actividades ilegales.
Uno de los principales problemas planteados durante la exposición fue la diferencia entre la velocidad con la que actúan las organizaciones criminales y los tiempos que requieren los organismos estatales para intercambiar información y avanzar en las investigaciones.
“La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado”, advirtió Zárate, al plantear la necesidad de agilizar los mecanismos de cooperación, intercambio de información e inteligencia entre Argentina y Chile.
El contrabando de cigarrillos también aparece vinculado al fenómeno. Crisosto informó que durante 2025 fueron incautadas más de 600.000 cajetillas y que existen más de 120 vehículos secuestrados en causas relacionadas con narcotráfico y contrabando.
La hipótesis expuesta ante el Senado es que una misma estructura criminal puede desarrollar distintas actividades ilícitas y utilizar las ganancias obtenidas mediante el contrabando de cigarrillos para financiar la logística necesaria para el traslado de drogas.
Desde la autoridad marítima chilena, sin embargo, se introdujo una precisión respecto del alcance de las operaciones detectadas. Directemar informó que aproximadamente 2.500 embarcaciones atraviesan cada año el Estrecho de Magallanes y señaló que, hasta el momento, no se habían detectado organizaciones utilizando esas rutas para trasladar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales.
Aun así, un operativo reciente volvió a poner el foco sobre la zona. El 4 de agosto, fueron incautadas 56.000 cajetillas de cigarrillos en una embarcación localizada en Bahía Azul, en la Tierra del Fuego chilena.
En la región de Los Lagos también se registraron antecedentes relacionados con el ingreso de mercancías ilegales. El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, señaló que no se trata de un fenómeno frecuente, aunque se detectaron elementos ilegales en los pasos fronterizos Cardenal Samoré, Alto Palena y Futaleufú. Entre los elementos identificados se mencionaron principalmente drogas sintéticas, precursores y contrabando.
Las autoridades chilenas destacaron además el equipamiento disponible en los pasos fronterizos, incluido un camión escáner, junto con los controles realizados por Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Policía de Investigaciones.
La información presentada ante el Senado chileno vuelve a poner a Ushuaia y Tierra del Fuego dentro del mapa de las rutas del crimen organizado en la Patagonia, aunque las autoridades remarcaron la necesidad de profundizar las investigaciones para determinar el alcance concreto de las estructuras involucradas.
El diagnóstico compartido por fiscales de ambos países apunta a una problemática que excede las fronteras nacionales. El desafío, según lo planteado en la comisión legislativa, pasa por mejorar la cooperación entre Argentina y Chile, fortalecer los controles marítimos y terrestres y acelerar el intercambio de inteligencia para evitar que las organizaciones criminales aprovechen los espacios de difícil fiscalización del extremo sur.
