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Una investigación iniciada en febrero de 2024 en el aeropuerto de Ushuaia derivó en una causa federal por tráfico de estupefacientes, trata de personas y otros delitos, por la que la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón solicitó la elevación a juicio oral de seis personas.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la fiscal Mariela Labozzetta, los acusados habrían integrado una organización que operó, al menos, entre abril de 2022 y septiembre de 2024, con actividades en Ramos Mejía, Comodoro Rivadavia y distintas ciudades de Tierra del Fuego.
La investigación sostiene que la estructura se habría dedicado principalmente al tráfico de cocaína y metanfetamina, aunque también se le atribuyen otras maniobras, entre ellas trata de personas, amenazas, falsificación de documentación, lavado de activos y presuntos vínculos con funcionarios públicos.
El expediente comenzó a partir de un control realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ushuaia. Durante el procedimiento se detectó dentro del equipaje de una pasajera una botella de vino y un frasco de agua micelar cuyos contenidos presentaban características sospechosas.
La intervención de un perro detector de narcóticos permitió establecer que ambos recipientes contenían cocaína en estado líquido.
A partir de ese hallazgo, el Juzgado Federal de Ushuaia, junto con la Unidad Fiscal de la jurisdicción y la Fiscalía de Distrito de Comodoro Rivadavia, avanzó con distintas medidas de investigación que permitieron identificar, según la acusación, una estructura dedicada al traslado y comercialización de estupefacientes.
La causa posteriormente fue remitida a la Justicia Federal de Morón. En julio de 2025, tras la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la investigación quedó bajo esa jurisdicción, donde se ampliaron los hechos inicialmente investigados y se incorporaron nuevas imputaciones.
Según la hipótesis desarrollada por la Fiscalía, la organización adquiría clorhidrato de cocaína en Bolivia para luego ingresarlo a la Argentina y trasladarlo hasta un domicilio de Ramos Mejía. Ese lugar habría funcionado como un espacio destinado a la transformación de la sustancia, mediante un procedimiento químico que permitía convertir la cocaína a estado líquido.
La droga era posteriormente ocultada en botellas de vino y envases de productos cosméticos, que eran trasladados por personas previamente contactadas por integrantes de la organización.
La investigación sostiene que algunas de esas personas eran mujeres que atravesaban situaciones de vulnerabilidad económica y social y que habrían sido utilizadas para transportar los estupefacientes mediante vuelos hacia distintos puntos del país.
Entre los destinos identificados aparecen Ushuaia y Río Grande, además de Comodoro Rivadavia y los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.
Una vez que el material llegaba al sur, según la acusación, era recibido por otros integrantes de la estructura, quienes se encargaban de reconvertir la cocaína a estado sólido, fraccionarla y disponerla para su comercialización.
Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran comunicaciones entre los presuntos integrantes de la organización, fotografías de documentos de identidad, información sobre vuelos y compra de pasajes, además de registros de transferencias bancarias y operaciones mediante billeteras digitales.
La Fiscalía señaló que esos elementos permitirían reconstruir los distintos movimientos realizados para el traslado de personas y sustancias, así como las tareas relacionadas con la preparación, fraccionamiento y comercialización de los estupefacientes.
También se investiga la utilización de cuentas, líneas telefónicas y documentación a nombre de terceras personas, presuntamente con el objetivo de dificultar la identificación de los integrantes de la organización y canalizar fondos provenientes de las actividades investigadas.
Además de los delitos vinculados al narcotráfico, la Fiscalía atribuye a parte de los acusados participación en maniobras de trata de personas. Según el requerimiento de elevación a juicio, al menos cuatro personas habrían sido captadas, trasladadas y acogidas con la finalidad de utilizarlas para el transporte de estupefacientes.
La Fiscalía sostuvo que esas personas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad y que dicha situación habría sido aprovechada por los integrantes de la organización.
En ese marco, fueron considerados distintos factores surgidos de las entrevistas realizadas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre ellos situaciones de violencia de género, precariedad laboral, dificultades económicas y responsabilidades familiares asumidas en soledad.
Para la fiscal Labozzetta, esos elementos resultan relevantes para analizar las condiciones en las que se habría producido la captación de las víctimas.
La investigación también plantea que la organización contaba con distintos niveles de responsabilidad. En el nivel superior se encontraría quien es señalado como el principal responsable de la estructura, un hombre de nacionalidad colombiana que actualmente se encuentra prófugo y con pedido de captura nacional e internacional.
Por debajo de él, la Fiscalía identificó a personas que presuntamente cumplían funciones relacionadas con la preparación, transporte, distribución y comercialización de drogas, además de maniobras vinculadas al lavado de activos.
El resto de los integrantes habría realizado tareas de apoyo, entre ellas el transporte de personas, preparación de sustancias y utilización de documentación presuntamente falsa.
La fiscalía también pidió que continúe la investigación para determinar la eventual responsabilidad de otras personas que aparecen vinculadas con fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.
La causa tiene una particular relevancia para Tierra del Fuego, dado que el procedimiento que permitió iniciar la investigación tuvo lugar en Ushuaia y el expediente también identificó movimientos vinculados con Río Grande.
De acuerdo con la acusación fiscal, ambas ciudades habrían formado parte del circuito utilizado para el traslado de los estupefacientes desde Buenos Aires hacia el sur del país.
Con el pedido de elevación a juicio de seis personas, la investigación ingresó en una nueva etapa en la que deberá determinarse, durante el proceso judicial correspondiente, la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.
Las imputaciones descriptas corresponden a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal y deberán ser acreditadas en las instancias judiciales correspondientes.
