19640 Noticias
El conflicto salarial en el Poder Judicial de Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo. Los gremios UEJN y SEJUP confirmaron distintas medidas de fuerza para esta semana, en reclamo de una recomposición salarial, mayor participación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en las negociaciones y respuestas concretas frente a la pérdida del poder adquisitivo que, según sostienen, se profundiza desde 2023.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) llevará adelante un paro provincial de 36 horas, que comenzará este jueves 6 de agosto a las 11:00 y se extenderá durante toda la jornada del viernes 7.
Bajo el lema "Que la indiferencia no sea ley", el gremio aseguró que, si bien en agosto los trabajadores percibirán una recomposición salarial previamente acordada, los haberes acumulan durante 2026 una pérdida cercana a cinco puntos frente a la inflación, de acuerdo con las mediciones del INDEC, profundizando el deterioro del poder adquisitivo.
Desde la organización sindical señalaron que el conflicto no se limita únicamente a la cuestión salarial. También reclamaron un mayor compromiso institucional del Superior Tribunal de Justicia, al considerar que las respuestas no pueden recaer únicamente en las áreas administrativas o en la Presidencia del organismo, sino que deben involucrar a la totalidad de sus integrantes.
Asimismo, la UEJN manifestó su preocupación por los recientes nombramientos y recategorizaciones en distintas áreas jurisdiccionales. En ese sentido, expresó que espera que estas decisiones fortalezcan la carrera judicial en la primera instancia y no se traduzcan en nuevos ingresos que posterguen las posibilidades de crecimiento del personal.
Por su parte, el Sindicato de Empleados de la Justicia Provincial (SEJUP) ratificó un paro de 24 horas para el jueves 6 de agosto, además de mantener la modalidad de retiro anticipado a las 12 del mediodía, implementada tras el receso invernal.
La secretaria General del gremio, Marina Monchietti, sostuvo que la falta de respuestas del STJ mantiene abierto el conflicto y cuestionó la distribución de los incrementos salariales. Según explicó, el sindicato propone establecer un tope para los aumentos de los cargos superiores, con el objetivo de destinar mayores recursos a las categorías salariales más bajas.
La dirigente remarcó que la brecha entre funcionarios y trabajadores se ha profundizado con la crisis económica. Como ejemplo, señaló que el aumento salarial previsto para agosto representará aproximadamente 1,5 millones de pesos para un ministro, mientras que el impacto para un trabajador de menor categoría rondará los 50.000 pesos.
Monchietti también afirmó que la pérdida del poder adquisitivo obliga a muchos empleados judiciales a buscar ingresos complementarios, incluso mediante plataformas de transporte, para afrontar los gastos cotidianos.
Desde el SEJUP reconocieron que las medidas gremiales generan demoras en el funcionamiento del servicio judicial, aunque aseguraron que se mantienen las prestaciones esenciales. El sindicato reiteró que su objetivo es alcanzar una solución mediante el diálogo, aunque advirtió que continuará con el plan de lucha mientras no existan respuestas concretas por parte del Superior Tribunal de Justicia.
De esta manera, ambos gremios coinciden en el diagnóstico sobre la situación salarial y en la necesidad de una mayor intervención del máximo órgano judicial de la provincia para destrabar un conflicto que continúa escalando y que impacta tanto en los trabajadores como en el funcionamiento del servicio de Justicia.
