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El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina, incorporando como nuevas causales de prohibición de ingreso y expulsión determinadas expresiones consideradas de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos, además de actos de ultraje contra símbolos patrios.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente, que sostuvo que la decisión busca preservar la integridad social, el orden institucional y el respeto hacia la República Argentina y sus emblemas.
El Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial, incorpora formalmente nuevas situaciones que podrán derivar en la inadmisión o expulsión de ciudadanos extranjeros.
Según el texto oficial, la normativa alcanza a quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o ciudadanos argentinos por motivos de nacionalidad, o hayan participado en actos considerados de ultraje a los símbolos patrios nacionales.
La disposición contempla tanto expresiones públicas como acciones que, según la evaluación de las autoridades correspondientes, puedan encuadrarse dentro de esas conductas.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la medida responde a episodios recientes de tensión generados por declaraciones consideradas ofensivas hacia Argentina y sus habitantes.
En ese marco, el Gobierno afirmó que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio central de la política nacional.
"Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", expresó Milei en el comunicado difundido tras la firma del decreto.
El decreto establece que los extranjeros alcanzados por estas nuevas causales podrán enfrentar la cancelación de su residencia y ser intimados a abandonar el territorio nacional.
El texto señala que la aplicación de estas medidas deberá contemplar "las circunstancias fácticas y personales del interesado", según lo establecido en la normativa.
De esta manera, el Ejecutivo amplió los supuestos bajo los cuales un extranjero podría perder el derecho de permanencia en el país.
Al tratarse de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la medida deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que cuenta con un plazo de 10 días hábiles para emitir dictamen sobre su validez o invalidez y elevarlo posteriormente a ambas Cámaras.
El Gobierno nacional sostuvo que la modificación busca reforzar el control sobre quienes ingresan y permanecen en Argentina, bajo el argumento de proteger la seguridad interior, el orden público y la convivencia social.
Con la entrada en vigencia del decreto, el Ejecutivo estableció nuevas herramientas para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros ante determinadas conductas consideradas contrarias al respeto hacia el país y sus ciudadanos.
