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El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y a la sindicalista María Soledad Calle, en el marco de una investigación por una presunta administración fraudulenta de los fondos del gremio y de su obra social, OSUOMRA. Además, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los imputados y restricciones sobre el acceso a cajas de seguridad bancarias.
Furlán deberá presentarse el 17 de noviembre a las 10:30 en los tribunales de Comodoro Py, mientras que Calle fue convocada para el 24 de noviembre. La medida también alcanza a otros cuatro imputados: Naldo Brunelli, Osvaldo Lobato, José Luis Ortiz y Adalberto Braconi.
La investigación busca determinar si los acusados intervinieron en una presunta maniobra para administrar de manera irregular los recursos de la UOM y su obra social, en beneficio de la firma USEM S.A. y de sus integrantes.
De acuerdo con la resolución judicial, los imputados habrían "administrado infielmente los intereses patrimoniales de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA), procurando un beneficio económico indebido a favor de USEM S.A. y/o de quienes integran dicha sociedad".
Uno de los principales puntos bajo investigación es la firma de dos contratos celebrados el 27 de febrero de 2023 entre el gremio, su obra social y USEM S.A. Los acuerdos contemplaban una vigencia de diez años, desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2033, y otorgaban a la empresa la administración operativa de fondos, cuentas y circuitos de pago.
La Justicia puso especial atención en que USEM S.A. había sido constituida apenas 82 días antes de la firma de los contratos, el 7 de diciembre de 2022. Según la investigación, la compañía tenía una estructura operativa reducida y no se identificaron otras actividades comerciales relevantes.
Otro de los aspectos observados involucra a María Soledad Calle, quien se desempeñaba como empleada de la UOM y, simultáneamente, era accionista del 50% y directora suplente de USEM S.A. La otra mitad de las acciones pertenecía a Adalberto Braconi, quien ocupaba la presidencia de la firma.
En la citación, el juzgado advirtió que "una empleada de la entidad contratante era, a la vez, propietaria de la mitad del capital social e integrante de la estructura societaria de la empresa seleccionada".
Además, los investigadores señalaron que no se habría acreditado la realización de una compulsa competitiva, comparación de precios ni una evaluación formal de los antecedentes y la capacidad operativa de la empresa contratada.
La causa también contempla posibles perjuicios económicos para las entidades sindicales. Según la hipótesis judicial, las condiciones económicas y jurídicas de los acuerdos habrían colocado a la UOM y a su obra social en una posición desfavorable frente a USEM S.A., que tenía la posibilidad de rescindir unilateralmente los contratos con un preaviso de 30 días, sin que existiera una facultad equivalente para las entidades contratantes.
A esto se suman sospechas sobre servicios que no se habrían prestado y posibles sobrecostos. Las cotizaciones reunidas durante la investigación habrían sido "sustancialmente inferiores" a los valores que abonaban el gremio y su obra social, lo que permitiría sospechar la existencia de un perjuicio económico para ambos organismos.
La resolución judicial consideró que la celebración y posterior ejecución de los acuerdos podría haber implicado un ejercicio abusivo e infiel de las facultades de administración de los recursos de las instituciones.
Por otra parte, el caso tomó repercusión pública por la situación inmobiliaria de Soledad Calle, quien adquirió un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de la calle San José al 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario en el inmueble ubicado un piso más arriba.
Calle reconoció, mediante un escrito presentado ante Ercolini, que la compra fue "realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino".
En tanto, la defensa de Abel Furlán había solicitado semanas atrás su sobreseimiento y cuestionado el alcance de la investigación. Sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, advirtieron que debía evitarse que el proceso penal se transformara en una "excursión de pesca" sobre la totalidad de la administración de la UOM o el patrimonio de sus dirigentes.
Con las citaciones a indagatoria y las medidas patrimoniales dispuestas, la Justicia busca avanzar en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades en la contratación de USEM S.A. y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.
