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El Gobierno nacional presentó este martes el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que será enviada al Congreso con el objetivo de incentivar la incorporación de los denominados “dólares del colchón” al sistema financiero y ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan acceder al régimen simplificado.
El anuncio estuvo encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, quienes explicaron las principales modificaciones incorporadas al proyecto tras las sugerencias de especialistas en materia tributaria.
Durante la presentación, Caputo afirmó que, según estimaciones del Banco Central, los argentinos mantienen alrededor de US$170.000 millones fuera del sistema financiero, una cifra que supera ampliamente los depósitos en dólares registrados en los bancos.
"Necesitamos que esos dólares se vuelquen al sistema financiero para que la economía crezca, genere mayores recursos y permita seguir bajando impuestos", sostuvo el ministro, quien además aseguró que mantener los ahorros fuera del circuito formal "es un muy mal negocio".
El funcionario remarcó que el espíritu de la ley no cambia respecto de la propuesta original y reiteró que el objetivo es permitir que quienes acumularon ahorros en dólares durante años de restricciones cambiarias puedan regularizarlos sin sanciones.
Por su parte, Ibarzabal Murphy explicó que las modificaciones incorporadas buscan brindar mayor seguridad jurídica y generar confianza para que más ciudadanos decidan adherirse al régimen.
Entre las novedades más importantes del proyecto se encuentra la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos, lo que permitirá que cualquier persona humana o sucesión indivisa pueda acceder al Régimen Simplificado de Ganancias.
Además, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", estableciendo que solo existirá cuando ARCA detecte diferencias superiores al 15% en la determinación del impuesto o en los quebrantos impositivos, siempre que el monto reclamado supere el equivalente a cinco millones de pesos.
Otra modificación relevante es la inversión de la carga de la prueba, ya que ARCA deberá fundamentar cualquier observación utilizando información declarada o datos objetivos, sin recurrir a presunciones. A su vez, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y regularizar las diferencias dentro de los 15 días hábiles para mantener los beneficios del régimen.
Finalmente, el proyecto establece que, si posteriormente se determina que el ajuste realizado por ARCA fue incorrecto, el organismo deberá reintegrar los importes abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo máximo de 45 días hábiles.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca incentivar la formalización de los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero y fortalecer la inversión y el crédito en la economía argentina.
