Reforma laboral y la letra chica: Milei apunta a desactivar una millonaria caja de los gremios

ientras Cristian Jerónimo, uno de los nuevos líderes de la CGT, advirtió que los sindicalistas no están dispuestos a negociar a ciegas la reforma laboral del Gobierno, el grupo de expertos que trabaja sobre el nuevo proyecto avanza con el denominado Fondo de Cese Laboral y el Banco de Horas, dos de los ejes de la iniciativa.

La reforma busca transformar de raíz el marco normativo vigente y responder a las demandas de inversores y trabajadores, dicen cerca de la Casa Rosada.

Según trascendió, el proyecto incluirá casi 100 artículos y abordará desde los contratos hasta el derecho de huelga, con el objetivo de actualizar una legislación que tiene ya más de cincuenta años y está atrasada desde el punto de vista de la modernización, según fuentes oficiales.

Los artículos van desde el contrato hasta el derecho de huelga, que desarrollan el salario dinámico, que modifican el régimen de jornada para facilitar el banco de horas.

Formarán parte de los temas que se discutirán en el marco del Consejo de Mayo, donde el Gobierno espera contar con el respaldo de los gobernadores para avanzar con las reformas tributaria y laboral en el Congreso.

La intención oficial es presentar a mediados de diciembre la iniciativa que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso, sobre la base de negociaciones iniciadas a mediados de junio entre funcionarios, gobernadores, legisladores, empresarios y la CGT.

Las propuestas laborales surgieron del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, encabezado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Los funcionarios y el equipo de técnicos avanzan con uno de los aspectos medulares del proyecto de reforma, que son los acuerdos por empresa.

La lógica será que los convenios de ámbito menor (empresa u regionales) se impondrán sobre los de un ámbito mayor (actividad). Al revés de la lógica que impera ahora. Es exactamente al revés de lo que estipula hoy la ley, y que es defendido por los sindicatos.

La propuesta implica la pérdida del poder centralizado que mantienen los sindicatos desde hace décadas y empodera a las comisiones internas en las empresas, al delegarles el poder de negociar y firmar los convenios.

Cuotas solidarias: la millonaria caja que manejan los gremios

También se incluirá en la iniciativa la limitación de las cuotas solidarias, que son el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos, a través de descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios, dentro de los convenios colectivos de trabajo.

De acuerdo con estimaciones oficiales, algunos de los gremios más grandes del país manejan volúmenes millonarios a través de los aportes solidarios y otros conceptos incluidos en los convenios colectivos.

En el caso del Sindicato de Camioneros, que conduce la familia Moyano y representa a unos 244.000 trabajadores, el aporte solidario equivale al 3% del salario de convenio (básico más adicionales), más un 4% adicional sobre el básico. Con un salario base en torno a $1,2 millones, el ingreso anual total del gremio por este concepto se aproxima a $206.500 millones, lo que equivale a unos $845.000 por trabajador.

Entre los encargados de edificios, que suman 60.500 empleados, el aporte solidario es del 2%, mientras que otros descuentos alcanzan el 7,5% del sueldo de convenio. Con remuneraciones que superan el millón de pesos mensuales, la recaudación anual se estima en $79.300 millones, o cerca de $1,3 millones por trabajador.

El Sindicato de Comercio, el más numeroso del país con 1,2 millones de afiliados, percibe un 2% de aporte solidario, un 2,5% adicional por otros conceptos y un 0,5% destinado al Inacap. En total, esos ingresos representan alrededor de $1 billón por año, equivalentes a $803.000 por trabajador.

En el sector de la construcción, con unos 342.700 empleados, el gremio recauda un 2,5% en concepto de aporte solidario, más un 4,8% en otros conceptos y 1% para el Istic, lo que suma más de $372.000 millones anuales, o $1 millón por trabajador.

Por su parte, la UOM (metalúrgicos), con 266.000 trabajadores, obtiene un 2% de aporte solidario, montos fijos adicionales y un 1% para Adimra, con ingresos estimados en $96.500 millones por año (unos $362.000 por empleado).

Finalmente, el sindicato de gastronómicos, que nuclea a más de 207.000 empleados, percibe un 2,5% de aporte solidario, un 3% en otros conceptos y un 1% proveniente de la cámara empresaria, lo que le asegura una recaudación anual superior a $228.000 millones, o más de $1 millón por trabajador.

Para el Consejo, no se pueden imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente. Es la misma idea que el ministro de Desregulación incluyó en el DNU 70, que finalmente fue frenado por la Justicia.

A principios de este gobierno, la preocupación de los gremios por este tema fue confirmada por Armando Cavalieri, líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el sindicato más numeroso del país, de 1.200.000 afiliados: "Si este decreto voltea (las cuotas solidarias) pone en bancarrota a todo el gremio", alertó en su momento.

Derecho a Huelga, sueldo dinámico y contrato de trabajo: ¿qué cambios prevé Federico Sturzenegger?

La reforma laboral que impulsa el Gobierno, además, volverá a contemplar la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades, como figuraba en el DNU 70 y luego en el decreto 340 (ambos suspendidos por la Justicia), al redefinir el listado de servicios esenciales y fijar mínimos de cobertura: 75% en servicios críticos y 50% en servicios trascendentales.

El proyecto también contempla la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa.

Uno de los ejes centrales del proyecto de ley es también la clarificación del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que delimita con precisión las actividades alcanzadas, excluyendo a la administración pública, el régimen de casas particulares, el trabajo agrario y las contrataciones civiles o de plataformas digitales.

Según los técnicos del Gobierno, esto aporta seguridad jurídica y previsibilidad, adaptando el marco normativo a las nuevas formas de empleo y favoreciendo la formalización de actividades emergentes.

El principio de la norma más favorable al trabajador se mantiene, aunque con reglas de interpretación más objetivas y claras.

El objetivo es reducir la litigiosidad y promover la contratación, equilibrando la protección de los derechos laborales con la estabilidad normativa que requieren los empleadores para invertir y crear empleo.

El proyecto, por otra parte, introduce reglas precisas para la subcontratación y la responsabilidad solidaria, limitando esta última a casos de incumplimiento objetivo y verificable por parte del contratista.

Este cambio, de acuerdo con sus impulsores, incentiva la contratación de proveedores y pymes, fortaleciendo las cadenas de valor y generando empleo indirecto en condiciones de mayor seguridad y control.

Indemnización y vacaciones: habrá otras alternativas para empleados

En cuanto al régimen indemnizatorio, como se dijo, se mantiene la indemnización por despido equivalente a un mes por año trabajado, pero se profundizan alternativas voluntarias como fondos de cese laboral o seguros privados.

El fondo de cese laboral figura en la Ley Bases, que está vigente, pero ahora se acentúa en todo caso la posibilidad de que el empleador se asegure a su costo. Nunca se afecta al trabajador, aseguran los técnicos del oficialismo.

En el ámbito de la jornada laboral se introduce la figura del banco de horas y la posibilidad de calcular la jornada en base a promedios semanales, siempre dentro de los límites legales.

Estas herramientas permiten adaptar los tiempos de trabajo a las necesidades productivas, respetando los descansos legales y favoreciendo la conciliación entre empleo y vida personal.

Respecto de licencias y enfermedad, la reforma establece que, en casos de accidentes y enfermedades inculpables, el empleador deberá abonar prestaciones dinerarias no remunerativas, preservando los ingresos del trabajador, pero reduciendo los aportes patronales -excepto los destinados a la obra social-, durante el período correspondiente.

Este esquema, dijeron, protege el empleo en momentos de baja productividad y desincentiva las desvinculaciones innecesarias.

En materia de vacaciones, se habilita el fraccionamiento en períodos de al menos 7 días por acuerdo entre las partes. Esta flexibilidad facilita la planificación empresarial y respeta las preferencias del trabajador, algo que, creen en el Consejo, contribuye a un mejor clima laboral y a una organización productiva más eficiente.

Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), el nuevo fondo de cese laboral permitirá reemplazar la indemnización tradicional por aportes mensuales a Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF).

Será "optativo", pero solo si lo acuerdan sindicatos y cámaras empresariales dentro de los convenios colectivos de trabajo.

En cuanto a la jornada laboral, trascendió que la estructura básica no se modifica: se mantienen las ocho horas diarias, hasta nueve horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, bajo un sistema de promedio que requiere acuerdo con el sindicato.

Con esa lógica, se puede trabajar hasta doce horas por día, siempre y cuando no se viole el promedio de cuarenta y ocho horas semanales ni ocho horas por día.

Como ejemplo, desde el gobierno señalan el caso de un trabajador en un shopping, donde la mayor demanda se concentra los fines de semana, permitiendo jornadas de hasta doce horas en esos días y reducidas o nulas al inicio de la semana.

Así, si un trabajador presta servicio doce horas, cuatro días seguidos, para mantener el promedio, va a tener inmediatamente tres días de descanso completo, según los borradores del proyecto.

En cuanto al sistema del banco de horas, que ya existe en sectores como la minería, uno de los ejemplos que trascendió es que los trabajadores pueden prestar servicio catorce días seguidos de doce horas y luego descansar siete o diez días completos.

Esto facilita las cosas teniendo las grandes distancias entre las viviendas de los trabajadores y las zonas de trabajo.

En cuanto al Fondo de Cese, está claro que la implementación requerirá de una profunda discusión entre sindicatos y cámaras empresariales.

Es que para poder financiar el Fondo de Cese habrá que depositar distintos porcentajes según las actividades, y definir de dónde saldrá el dinero para financiarlo.