El Gobierno unificó la base de datos de constructores y consultores de la obra pública y, de esta manera, eliminó normativas vinculadas a la inscripción y registro de actores que participen en este sector, con el objetivo de simplificar el sistema de contrataciones del Estado y evitar superposiciones de requisitos en los distintos marcos normativos. La nueva base de datos será puesta a punto y lanzada en las próximas semanas.
La administración libertaria oficializó su decisión con la publicación del Decreto 105/2025 en el Boletín Oficial de la fecha. Además, el texto también introduce modificaciones en el régimen de contrataciones del Estado, reemplazando el artículo 27 del Decreto 1023/2001, que regulaba la participación de empresas en licitaciones. Según la nueva normativa, solo podrán participar aquellas personas humanas o jurídicas que figuren debidamente inscriptas en la base de datos que establecerá el órgano rector.
El Gobierno simplifica la base de datos de la obra pública
Entre los principales puntos del decreto - que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -, el Gobierno dispuso la supresión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas para dar lugar a una base de datos unificada que estará a cargo del órgano rector designado por el Poder Ejecutivo.
En los considerandos del Decreto el gobierno explicó: "Por aplicación de disposiciones dispersas en diversos regímenes legales y reglamentarios que se han ido dictando sucesivamente y respecto de los cuales, pese a superponerse o solaparse entre sí, no se ha aclarado expresamente si han quedado sin efecto, coexisten en la actualidad diversos sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional que, no sólo les exigen requisitos diversos, sino que les imponen la obligación de presentar la misma documentación".
"Que esa situación amerita la unificación de los sistemas de inscripción y/o registro de las personas interesadas en contratar con la Administración Pública Nacional, estableciendo un régimen general común a todas ellas, que solo prevea particularidades en la reglamentación cuando así lo exija un contrato en particular", agregaron.
Con estos cambios, las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional deberán inscribirse en una base de datos unificada que será puesta a punto en las próximas semanas: el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).
Por otro lado, la gestión de Javier Milei introdujo modificaciones en el régimen de contrataciones del Estado al reemplazar el artículo 27 del decreto 1023/2001. El mismo regulaba la participación de empresas en licitaciones y, tras sus modificaciones, solo podrán participar aquellas personas humanas o jurídicas que estén inscriptas en la base de datos.
"Burocracia Cero": Federico Sturzenegger pidió a todos los ministerios una lista de leyes, decretos y normas para derogar
Por otro lado, el Gobierno avanza en su plan de desregulación y simplificación del Estado con la implementación del decreto “Burocracia Cero” (Decreto 90/25). El documento forma parte de una iniciativa que busca eliminar normativas obsoletas, trámites innecesarios o que obstaculicen la actividad económica y la libre competencia para mejorar la eficiencia de la Administración Pública y reducir la carga burocrática sobre ciudadanos y empresas.
La medida instruye a todas las jurisdicciones y entidades del sector público a realizar un relevamiento normativo dentro de los próximos 30 días. En dicho período deberán identificar aquellas regulaciones "que resulten redundantes u obstaculicen la actividad económica y la libre competencia".
Según detallaron desde Casa Rosada, el informe deberá incluir propuestas de derogación o modificación, justificadas en criterios de obsolescencia, sobrecostos para el sector productivo o restricciones injustificadas al mercado, según un comunicado de la cartera de Desregulación. En su primera etapa, el análisis se enfocará en Leyes, DNU, Decretos delegados y Decretos.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de dictar las normas aclaratorias necesarias para garantizar la correcta implementación del decreto. Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su compromiso con la modernización del Estado, promoviendo mayor certeza jurídica y un marco regulatorio más claro y eficiente para el desarrollo económico del país.
El ministro Federico Sturzenegger afirmó que “la Motosierra 2.0 es la aceleración del reordenamiento administrativo del Estado, pero llegó el momento de la Desregulación 2.0, es decir, de la profundización del proceso de desregulación”.
Y explicó: “La Argentina, a grosso modo, tiene 27.000 leyes, 70.000 decretos y unas 200.000 resoluciones. El digesto jurídico recopiló 4.600 leyes, pero el estatus jurídico del resto es incierto". Un ejercicio de limpiar los decretos (designaciones y las que ya cumplieron su plazo) lograría reducir el número a unos 4.500, apuntó el Ministro.