Proponen incorporar el concepto de “provincia archipielágica” a la Ley de Provincialización de TDF

El diputado Nacional, Jorge "Koky" Araujo ha presentado un proyecto de ley que propone incorporar el principio de "provincia archipelágica" conforme al artículo 46 A) de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. Esta modificación busca ajustar la ley de provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a las disposiciones de la ley 27.757, que redefine los límites exteriores de la plataforma continental argentina.

En ese marco, Araujo argumenta que, de aprobarse la ley, la provincia tendría derechos originarios sobre el lecho y subsuelo marino, así como sobre sus aguas interiores, ampliando su soberanía en un 35% del área marítima bajo jurisdicción argentina.

“La decisión de modificar el artículo 2° de la Ley 23.775 responde a la necesidad de reconocer la soberanía sobre los espacios interiores dentro de los límites del archipiélago”, afirmó.

A su vez, el diputado también aclara que, aunque la soberanía nacional recae en el Estado, es crucial que la provincia participe en la discusión sobre la explotación de sus recursos naturales "nuestra carta magna reconoce a las provincias por el principio del federalismo argentino su preexistencia jurídica. De ahí surge el artículo 124º de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen dominio originario sobre los recursos en su territorio”, agregó.

Entre los fundamentos del proyecto, Araujo destacó que la Ley N.º 23.775, sancionada en 1990, estableció la provincialización de Tierra del Fuego pero carecía de definiciones precisas en sus límites "años más tarde, se incorporó una demarcación más clara, pero esta no consideró las características territoriales de nuestra provincia, que es archipelágica”, sostuvo.

El proyecto también subraya que Tierra del Fuego, como estado originario, tiene derecho a tomar decisiones autónomas sobre su territorio, lo que incluye la posibilidad de establecer órganos para su desarrollo económico y social "esto nos permitiría celebrar convenios de orden nacional e internacional, siempre que no sean incompatibles con la política exterior de la Nación”, concluyó Araujo.