La UNTDF entre las 12 universidades que el Gobierno de Milei busca auditar en 2025

La Auditoría General de la Nación (AGN) difundió el plan de acción que aplicará el próximo año y en ese programa, como en el vigente para 2024, aparecen varias universidades nacionales, a las que el gobierno de Javier Milei acusa de negarse a auditar en medio del conflicto por el veto a la ley de financiamiento. En el listado aparece la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

 En este informe, en el que aparecen además otras reparticiones públicas, se explica que las instituciones elegidas para auditar el año que viene fueron seleccionadas objetivamente por medio de un análisis de la Matriz de Importancia Relativa (MIR).

 La AGN, vale aclarar, es el organismo que la Ley de Educación Superior habilitó para controlar las universidades nacionales, que, en paralelo, deben contar con mecanismos de auditoría interna. Se trata de un ente de control externo, que depende del Congreso de la Nación.

 Para el año en curso, la Auditoría General de la Nación incluyó en su plan de acción a las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste, con objeto en la cuestión administrativa, contable y financiera.

 En 2025, por su parte, el programa abarca a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y a las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia de San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda, y nuevamente, la del Nordeste.

 Según indica el documento que ya fue girado al Congreso para su aprobación, además de la cuestión administrativa y contable, en algunos casos también se buscará evaluar la gestión de compras y contrataciones de las instituciones bajo análisis.

 Durante una entrevista en abril de 2024, antes de la primera marcha universitaria, el exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández y presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, indicó que las auditorías que cada año debe realizar el organismo, son establecidas por la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que integran diputados y senadores.

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 Desde el Gobierno se ha apuntado a las universidades por un presunto rechazo a las auditorías, postura que se ha agudizado entre los funcionarios nacionales a partir del conflicto que los enfrentó por el veto a la ley de financiamiento para la educación superior.

 Lo cierto es que el organismo de control interno de la Administración Pública y que depende de la Presidencia es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cuyos funcionarios, sin embargo, quedaron inhabilitados de realizar auditorías ad hoc en las universidades por una ley aprobada en 2020.

 A eso se le sumó, en noviembre de 2022, un dictamen la Procuración del Tesoro de la Nación, conducida entonces por Carlos Zannini. Allí, en línea con la norma sancionada dos años antes, se estableció que no eran aplicables a las universidades los controles de la SIGEN previstos en la Ley de Administración Financiera, porque resultaría violatorio de la autonomía universitaria.

 De acuerdo al portal TN, precisamente ese dictamen sería el que, ahora, el Gobierno buscaría derogar, para habilitar las auditorías directas sobre las universidades, con la de Buenos Aires como la principal apuntada.