"Somos uno de los tres poderes del Estado, pero nuestros empleados están en una situación inédita de pobreza”
Se ha revelado la persistencia de los problemas salariales en el Poder Judicial de Tierra del Fuego, los cuales afectan a 900 empleados.
En una entrevista con Fm del Pueblo Alicia Ponce, secretaria general del SEJUP (Sindicato de Empleados Judiciales del Poder Judicial), se ha revelado la persistencia de los problemas salariales en el Poder Judicial de Tierra del Fuego, los cuales afectan a 900 empleados. A pesar de las reuniones y los reclamos realizados en los últimos meses, la situación sigue siendo crítica y sin resoluciones a la vista.
Alicia Ponce expresó su preocupación por la falta de autocrítica y de acción por parte del Superior Tribunal de Justicia. En su última reunión en mayo, insistieron en la necesidad de abordar la cuestión salarial y la administración deficiente que ha llevado a los empleados judiciales a estar por debajo de la línea de pobreza. “Somos uno de los tres poderes del Estado, pero nuestros empleados están en una situación inédita de pobreza”, comentó Ponce.
El presupuesto del Poder Judicial, que representa entre el 4.5% y el 6% del presupuesto provincial, no ha sido administrado de manera efectiva, resultando en un acceso limitado a la justicia y en juicios que se extienden por años. “La ciudadanía no ve un Servicio de Justicia eficiente porque tenemos empleados que requieren capacitación y un presupuesto que debería cubrir sus necesidades”, añadió.
Ponce también criticó la creación de estructuras innecesarias dentro del Poder Judicial, como mediaciones y oficinas de bienestar laboral, que han desviado recursos del servicio principal de justicia. “Hoy, casi la mitad del personal está afectado a sostener estas estructuras en lugar de garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía”, explicó.
El acceso a la justicia se ha vuelto un lujo inaccesible para muchos ciudadanos. Los honorarios de los abogados y las restricciones impuestas por el sistema judicial dificultan que las personas de bajos ingresos puedan acceder a la defensa y representación legal. “¿Quién puede pagar un millón de pesos por un acuerdo de familia? El acceso a la justicia debe ser un derecho, no un privilegio”, afirmó Ponce.
Alicia Ponce también señaló la falta de apoyo y acción del Colegio de Abogados, que históricamente ha mantenido una postura pasiva frente a estos problemas. “El Colegio de Abogados debería ser un operador necesario del servicio de justicia, pero en cambio ha sido cómplice de muchas injusticias, callando cuando debía hablar”, denunció.
La entrevista concluyó con un llamado urgente a la reflexión y acción por parte de las autoridades y el Colegio de Abogados. “Necesitamos una verdadera reforma que priorice a los empleados judiciales y garantice un servicio de justicia eficiente y accesible para todos”, concluyó Ponce.
El conflicto salarial en el Poder Judicial de Tierra del Fuego continúa, y la espera por soluciones parece no tener fin. La voz de Alicia Ponce refleja el descontento y la desesperanza de muchos trabajadores judiciales que esperan un cambio real y significativo en su situación laboral y en el servicio de justicia que se ofrece a la ciudadanía.
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