Oscar Bahamonde, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), habló con FM La Isla sobre la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que podría incluir a Tierra del Fuego adelantando que de no haber una revisión de los artículos que contempla la ley, desde el Gobierno Provincial se ejecutarán medidas judiciales dado a que dicha reglamentación no es clara.

Ayer luego de que el presidente de la Nación promulgue la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, surgió una gran repercusión dado a trascendió que posiblemente Tierra del Fuego no quede exenta del pago al Impuesto a las Ganancias.

Ante esta situación, el director Ejecutivo de la AREF, sostuvo que aún "estamos esperando la reglamentación del Ejecutivo para ver si se trata o no el tema de Tierra del Fuego. La interpretación de la norma debería alinearse con lo que expresó el secretario de Hacienda ante los senadores: la intención del Gobierno Nacional no es que el impuesto alcance a los trabajadores de Tierra del Fuego”.

A su vez, Oscar Bahamonde resaltó la necesidad de una redacción clara para evitar conflictos judiciales “manifestamos la postura de que la redacción podría dar lugar a interpretaciones conflictivas. Es fundamental que quede claro cómo aplicar la norma para evitar planteos judiciales".

Además, Bahamonde también mencionó el desacuerdo en el Congreso y la posible judicialización de la ley y dijo “sabemos que el bloque de diputados de Unión por la Patria y representantes gremiales pueden judicializar la Ley de Ganancias al no haber sido aprobada por diputados. Este conflicto podría extenderse más allá de Tierra del Fuego".

En cuanto a las acciones del Gobierno Provincial, el funcionario expresó "esperamos que la reglamentación refleje la voluntad del gobierno de eximir a Tierra del Fuego del impuesto. Si no es así, se están analizando diferentes opciones y se discutirá ampliamente", aseveró.

Al ser consultado sobre la cantidad de personas que pagarían ganancias en Tierra del Fuego, Bahamonde admitió “no tengo esa información, calculo que tanto el gobierno como otros organismos estarán en mejor posición para determinar el universo de salarios alcanzados".

Pero de igual forma, subrayó la incertidumbre tanto del sector público como del privado " afecta a ambos sectores. Los privados también deben decidir cómo aplicar la norma a sus trabajadores. Esperamos la reglamentación para definir las acciones a seguir".

De forma posterior, el director de la AREF detalló las posibles medidas judiciales y administrativas si la reglamentación no es clara "seguramente habrá planteos judiciales por la forma en que fue sancionada la ley. Podrían realizarse consultas vinculantes con la AFIP o buscar certeza judicial. Primero, esperamos la reglamentación para decidir los pasos a seguir".

Finalmente, Bahamonde manifestó que "coincidimos en que la normativa debe quedar clara en la reglamentación para evitar dudas sobre su aplicación. Esto nos daría la seguridad que necesitamos", cerró.