Los contratos de alquiler establecidos previo a la aplicación del DNU del Gobierno siguen siendo válidos y, en su mayoría, experimentan ajustes anuales. En el próximo mes de marzo, se anticipa un aumento sin antecedentes del 165,50% marcando un nuevo récord. Esto implica que aquellos inquilinos que abonaban $100.000 por un departamento de tres ambientes ahora deberán destinar $265.500 mensuales hasta febrero de 2025.

Un incremento notable que generará un fuerte impacto en el bolsillo de quienes mantienen contratos bajo la legislación anterior.

Estos ajustes en el costo del alquiler se determinan mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), cuya elaboración está a cargo del Banco Central. A pesar de la derogación de la normativa creada en junio de 2020, ésta aún conserva su vigencia para los contratos ya firmados.

El ICL se construye considerando dos variables cruciales: la inflación y los salarios. En lo que respecta a la inflación, se emplea el convencional Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En cuanto a los salarios, se toma en cuenta la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).