Gobierno expresó su rechazo a aumentos en la tarifa de gas

El Ministro de Energía, Alejandro Aguirre, recordó la situación insular y climática de la provincia y el impacto que tendrán los aumentos solicitados en la economía familiar. Asimismo destacó las grandes inversiones que se hicieron en el sistema con fondos públicos, lo que permitió a la empresa licenciataria aumentar el número de usuarios y asegurar una creciente provisión de gas.

El Ministro de Energía de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Alejandro Aguirre, participó este lunes de la audiencia pública convocada por ENARGAS para tratar los aumentos solicitados por las empresas en las tarifas de transporte y distribución de gas.

En su exposición, el funcionario resaltó la característica insular de la provincia, así como las temperaturas sub polares típicas de la zona. En este marco, recordó que “ la empresa solicita a la autoridad regulatoria un incremento de 543,6% en la tarifa de distribución, que según los cálculos realizados impactará como mínimo en las residenciales de bajo consumo en un 250% en la factura final, hasta un incremento del 338% en la factura mensual en usuarios de mayor consumo que son los que preponderan en nuestra provincia por las características climáticas. Esto significará un demoledor impacto económico en los hogares fueguinos. Ese no es el camino”.

“En la actualidad, al año 2023, la empresa Camuzzi Gas del Sur cuenta en la provincia con 56.928 usuarios, lo que significa un crecimiento interanual promedio del 3% en los últimos 9 años, sumando un total de un 26% desde el año 2015. Este crecimiento de usuarios demandó que entre el año 2015 al 2017 creciera un 6% el volumen de gas natural entregado en la provincia, situación que no es menor, ya que Tierra del Fuego es la segunda productora de gas natural del país, llegando a suministrar en continente un 17% de la producción total de este fluido a través del gasoducto trans magallánico San Martín”, detalló.

En relación a esto, Aguirre recordó “las obras públicas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno Provincial a los efectos de solucionar no solo el sistema de transporte, sino que también la sostenibilidad del sistema de distribución interna. Entre ellas destacan las que constituyen las obras civiles y fabricación de compresoras. A la fecha, en el ámbito de la obra pública declarada por la provincia en relación al sistema troncal se han invertido 42 millones de dólares aproximadamente. Así mismo se han invertido en el sistema de distribución de redes urbanas de gas ejecutadas o en ejecución más de 3 millones 700 mil dólares, y en licitaciones de redes urbanas de gas en ejecución se han invertido unos 600 mil dólares, lo que totaliza desde el año 2015 a la fecha una inversión pública de más de 46 millones de dólares aproximadamente. Estos datos demuestran cómo el Gobierno de la Provincia se ha puesto a la cabeza con obras públicas en las principales inversiones que requería el sistema de transporte y distribución, por necesidad de sus habitantes”.

“La provincia ha participado en brindar la seguridad del abastecimiento, ha modificado los impactos de las inversiones de la licenciataria en su rentabilidad y ha protegido los intereses de los usuarios, cuestión que no es mencionada por la licenciataria al momento de solicitar los aumentos. Estas inversiones realizadas por el Gobierno Provincial han permitido el crecimiento de la cantidad de usuarios un 3% anual promedio y un 26% desde 2015 al 2023 y han redundado en una mejora en el negocio de distribución de la empresa. Si estas cuestiones no son tenidas en cuenta, tanto por la autoridad regulatoria como por la licenciataria, el Gobierno Provincial se reserva el derecho de requerir las acreencias equivalentes a lo invertido”, aseguró.

Finalmente, Aguirre solicitó “que los ajustes de tarifas que se evalúan contemplen la integralidad y climatología de la provincia. También queremos pedir que dejen de comparar los aumentos de tarifas con los alimentos, bien podría ser que se comparen las facturas de los usuarios con los ingresos que tienen los directores de las empresas o sus accionistas”.

Concluida la audiencia pública, el ENARGAS iniciará un proceso de revisión de los informes presentados y deberá implementar o no las nuevas tarifas o ajustarlas a los requerimientos que se hicieron en la audiencia.