Líderes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y agrupaciones estudiantiles de distintos sectores políticos se reunieron este jueves en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para expresar su rechazo a las propuestas de arancelamiento y vouchers educativos planteadas durante la campaña electoral por Javier Milei. Bajo la consigna “No al voucher, no al arancel: educación pública en alerta”, los representantes estudiantiles expresaron su oposición a las propuestas de La Libertad Avanza para el sistema educativo.

“El movimiento estudiantil argentino se encuentra en estado de alerta total. La educación pública, pilar fundamental de nuestra sociedad, está bajo un asedio constante. Nos enfrentamos a discursos y propuestas que amenazan con arancelar la universidad, un ataque directo a la educación pública y gratuita en Argentina”, dijo Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la FUA, una organización que representa a los alumnos universitarios de todo el país y a 400 centros de estudiantes de nivel superior.

Fernández De Piccoli, estudiante de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Río Cuarto, consideró que los vouchers son una experiencia que ya fracasó otros lugares: “No han demostrado mejoras en la calidad educativa. Conversamos permanentemente con dirigentes estudiantiles de Chile, donde se aplica, y admiran nuestro modelo, mientras luchan por erradicar el voucher en su país”.

“Los estudiantes comprometidos con la educación como motor de movilidad social ascendente no podemos quedarnos pasivos ante estas amenazas. Estamos decididos a defender el modelo reformista de universidad, tal como lo hemos hecho a lo largo de la historia. La educación pública es un derecho, no un privilegio ni una mercancía”, agregó Fernández De Piccoli.

Desde la FUA se manifestaron esta semana a favor del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que propone llevar la inversión en educación al 8% del PBI, cifra que incluye un 1,5% del producto bruto interno para el sistema universitario. Sin embargo, advirtieron también por el incumplimiento de la meta legal actual (que establece una inversión del 6% del PBI) y enfatizaron que, para que el financiamiento se cumpla, es necesario garantizar la “decisión política”.