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La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) avanzó en el proceso licitatorio para ejecutar una obra considerada estratégica en el Puerto de Ushuaia, destinada a reemplazar integralmente el sistema de defensas de la terminal marítima. Mientras el organismo sostiene que los trabajos serán financiados con recursos generados por la propia actividad portuaria, sectores vinculados a la administración provincial y trabajadores del sector cuestionan la falta de controles, la escasa transparencia y la utilización de infraestructura provincial sin contraprestación económica.
La ANPYN informó que cinco empresas presentaron propuestas para participar de la licitación destinada al recambio integral del sistema de defensas del Puerto de Ushuaia, una intervención considerada fundamental para la seguridad operativa de la terminal.
El proyecto prevé el retiro de las estructuras actualmente instaladas y la colocación de 75 nuevas defensas, además de la reparación de vigas y cabezales de hormigón en distintos sectores del frente de atraque.
Según indicó el organismo, las obras se desarrollarán sin afectar la actividad habitual del puerto ni comprometer la próxima temporada de cruceros, uno de los principales motores económicos vinculados a la actividad marítima de la ciudad.
Uno de los aspectos que genera controversia es que el proceso licitatorio fue impulsado por la intervención federal sin participación directa de técnicos ni profesionales de la Provincia de Tierra del Fuego.
La situación ha despertado preocupación en distintos sectores vinculados a la administración portuaria, especialmente por tratarse de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico y logístico de la provincia.
La ANPYN sostiene que las inversiones podrán concretarse gracias a recursos obtenidos de la propia operatoria portuaria y a una reestructuración administrativa que redujo significativamente la planta de personal.
De acuerdo con la información difundida oficialmente, la dotación quedó integrada por unas 30 personas designadas por la intervención, lo que permitió disminuir costos operativos y generar disponibilidad financiera para encarar nuevas obras.
Sin embargo, distintos sectores cuestionan la falta de información pública respecto al destino de los fondos provenientes de la explotación del puerto y advierten sobre la inexistencia de mecanismos claros de rendición de cuentas vinculados a la administración actual.
Otro de los puntos centrales del debate está relacionado con la utilización de bienes e instalaciones que pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego.
Desde sectores vinculados al ámbito portuario sostienen que la ANPYN desarrolla sus actividades sobre infraestructura provincial sin abonar canon, contraprestación económica ni asumir determinados gastos administrativos que históricamente formaban parte de la estructura de funcionamiento del puerto.
En ese contexto, consideran que la capacidad financiera exhibida para ejecutar nuevas inversiones no sólo se explica por la reducción de costos laborales, sino también por la utilización de activos provinciales sin afrontar obligaciones equivalentes a las que debería asumir cualquier concesionario o administrador privado.
La licitación para la renovación de las defensas portuarias vuelve a poner en discusión el modelo de administración vigente en el Puerto de Ushuaia y el alcance de las facultades de la intervención federal.
Mientras la ANPYN destaca la posibilidad de financiar obras con recursos propios y avanzar en mejoras para la infraestructura portuaria, desde distintos sectores se reclama mayor transparencia en el manejo de los fondos, mecanismos de control institucional y una definición clara sobre el uso de los bienes pertenecientes a la provincia.
