
El fiscal Pollicita evalúa ampliar la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni
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El fiscal federal Gerardo Pollicita analiza avanzar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de la presentación de su declaración jurada patrimonial correspondiente al año 2025.
Según la investigación en curso, el fiscal ya cuenta con la información pública de los bienes declarados tanto por Adorni como por su esposa, Bettina Angeletti, pero aún resta recibir los datos reservados solicitados a la Oficina Anticorrupción.
En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que Pollicita busca “revisar los montos, el origen de los bienes y las fechas de adquisición” para determinar si corresponde ampliar el período de análisis, lo que podría extender la causa a años anteriores a su función actual.
La declaración jurada presentada por Adorni informó un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos, donde se detallan inversiones en criptomonedas, propiedades inmobiliarias y deudas personales. El funcionario explicó públicamente que parte del incremento patrimonial se debió a la inversión en bitcoins, que pasaron de unos USD 200.000 a cerca de USD 500.000.
Entre los bienes declarados figuran una vivienda en un country de Indio Cuá, valuada en más de $156 millones, y un departamento con cochera en la calle Miró al 500, tasado en más de $255 millones, además de deudas en pesos y dólares.
En paralelo, la investigación también incluye un expediente vinculado al diputado bonaerense Francisco Adorni, a quien el fiscal Guillermo Marijuan le solicitó actualizar su declaración jurada para incorporar nuevas correcciones patrimoniales, entre ellas inmuebles, cajas de ahorro y una herencia declarada.
A su vez, el expediente principal también analiza otros posibles vínculos dentro del entorno del funcionario, incluyendo contrataciones y relaciones comerciales de una consultora asociada a su esposa con distintas empresas proveedoras del Estado.
De esta manera, la causa se mantiene abierta y bajo revisión, mientras la fiscalía evalúa si existen elementos suficientes para ampliar el objeto de la investigación y profundizar la recolección de pruebas.


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