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El Gobierno nacional confirmó que avanzará con sanciones contra los trabajadores que protagonizan el paro en los puertos, una medida de fuerza que mantiene paralizado gran parte del comercio exterior argentino desde el inicio de la semana.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien respaldó el Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de introducir cambios en el sistema de practicaje y pilotaje para reducir los costos logísticos.
La protesta, impulsada por los prácticos, pilotos y baqueanos, comenzó por tiempo indeterminado y provocó la interrupción de las operaciones en los principales puertos del país. Entre las consecuencias más relevantes, un buque vinculado al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) permaneció detenido sin autorización para ingresar al puerto.
Durante una entrevista, Ravier confirmó que el Ejecutivo analiza sanciones contra los trabajadores y el gremio que impulsa la medida. "Seguramente habrá sanciones. Esto está ocurriendo en este momento. Sin dudas va a generar un costo", sostuvo el funcionario, aunque aclaró que no contaba con una estimación económica sobre el impacto de la huelga.
El vocero explicó que el objetivo del Gobierno es reducir el denominado "costo argentino" mediante una mayor competencia en el servicio de practicaje y pilotaje. Según indicó, la apertura del mercado permitirá el ingreso de nuevos operadores con tarifas más competitivas, lo que contribuiría a disminuir los costos del transporte de mercaderías.
Ravier aseguró que una reducción de los costos logísticos podría trasladarse a mejores condiciones para las empresas y, eventualmente, a precios más bajos para los consumidores.
Además, señaló que la desregulación forma parte de un proyecto más amplio que el Ejecutivo analiza enviar al Congreso, aunque explicó que el Gobierno decidió avanzar de manera inmediata con este aspecto mediante un decreto.
Finalmente, el funcionario remarcó que el servicio de practicaje y pilotaje es considerado un servicio esencial, por lo que sostuvo que quienes desarrollan esa actividad tienen la obligación de garantizar su prestación. En ese marco, cuestionó la medida de fuerza al considerar que afecta el funcionamiento de la logística nacional y el normal desarrollo del comercio exterior argentino.
