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En declaraciones difundidas tras la presentación realizada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Jorge 'Koky' Araujo, junto a otros legisladores, entre ellos el pampeano Ariel Rauschenberger, promovió un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad de la Nación para que brinde explicaciones sobre el manejo de los fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por presuntas demoras e irregularidades en la transferencia de recursos que, según denuncian distintos representantes del sector, poseen una afectación legal específica y deben ser girados automáticamente a los cuarteles de todo el país.
El planteo impulsado por los legisladores busca esclarecer la situación de recursos que, de acuerdo con las denuncias realizadas por representantes de los bomberos voluntarios, no habrían sido transferidos pese a haber sido recaudados.
Según indicaron, la cifra involucrada rondaría los 53 mil millones de pesos, equivalente a casi la mitad de los fondos destinados al sistema, una situación que podría afectar seriamente la operatividad de los cuarteles y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Ante este escenario, Araujo Hernández sostuvo que la cuestión excede cualquier discusión presupuestaria: “No estamos frente a un problema presupuestario, sino ante un posible incumplimiento de la ley”, afirmó.
El legislador explicó que los recursos en cuestión provienen de aportes obligatorios establecidos por normativa vigente y que cuentan con un destino claramente determinado: “Si los fondos fueron recaudados, deben estar en algún lugar. Y si no fueron transferidos, alguien tiene que explicar por qué”, agregó.
El pedido presentado en la Cámara de Diputados apunta a obtener información precisa sobre diversos aspectos vinculados a la administración de los fondos.
Entre los principales interrogantes figuran:
Los impulsores de la iniciativa consideran indispensable conocer el recorrido de los fondos para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y asegurar el funcionamiento adecuado de los cuarteles.
Desde el bloque promotor advirtieron que la situación reviste una especial gravedad institucional debido a que los bomberos voluntarios constituyen, en numerosas localidades del país, la principal e incluso única respuesta organizada frente a incendios, accidentes y catástrofes.
En ese contexto, Araujo Hernández cuestionó cualquier posibilidad de administración discrecional de recursos que poseen un destino específico establecido por ley: “El Estado no puede retener ni administrar discrecionalmente fondos que tienen una afectación legal específica. Lo que está en juego no es solo la transparencia, sino la capacidad de respuesta ante emergencias que afectan a millones de argentinos”, enfatizó.
Finalmente, los legisladores solicitaron el respaldo del resto de los bloques parlamentarios para avanzar con el pedido de interpelación y garantizar el control institucional sobre el manejo de los recursos públicos.
En ese sentido, remarcaron que el Congreso debe ejercer su función de fiscalización y asegurar que los fondos lleguen efectivamente a quienes cumplen una tarea esencial para la comunidad: “El Congreso tiene la obligación de ejercer el control y garantizar que los recursos lleguen a quienes arriesgan su vida todos los días por la comunidad”, concluyó Araujo Hernández.
La iniciativa ahora deberá ser analizada en el ámbito legislativo, mientras crecen los reclamos para que se esclarezca el destino de los recursos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
