Parques Nacionales: recortaron fondos a 46 áreas protegidas del país

Una decisión administrativa oficializó un recorte de más de $2.557 millones en la Administración de Parques Nacionales (APN), que afecta programas de conservación, patrullaje, mantenimiento y prevención de incendios en 46 áreas protegidas de Argentina, incluidas reservas y monumentos naturales.
NACIONAL11/05/202619640 Noticias19640 Noticias

parque nacional iguazú

El Gobierno nacional dispuso un ajuste presupuestario que impacta directamente en el funcionamiento de la Administración de Parques Nacionales, afectando a 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.

La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y establece un recorte de $2.557.311.667 en distintas partidas vinculadas a conservación y administración de áreas protegidas.

El ajuste alcanza recursos destinados a combustible, patrullajes, mantenimiento de infraestructura, conservación ambiental y prevención de incendios, además de afectar proyectos ecoturísticos y servicios para visitantes.

Entre las áreas más perjudicadas se encuentran el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una reducción de más de $190 millones; el Parque Nacional Lanín, con casi $157 millones menos; y el Parque Nacional Los Glaciares, con una quita superior a $77 millones. También figuran recortes en Los Alerces, Iguazú y Tierra del Fuego.

En el caso de la Patagonia, el recorte incluye además a parques como Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Monte León, Perito Moreno e importantes áreas marinas costeras. En el norte del país, los ajustes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey y otros espacios naturales de alto valor ambiental.

Asimismo, en la región centro y litoral se registran recortes en áreas como Quebrada del Condorito, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Iberá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe, entre otras.

El reordenamiento presupuestario también genera preocupación por su impacto en infraestructura turística, control ambiental y prevención de incendios forestales, lo que podría comprometer la operatividad y conservación de los ecosistemas protegidos.

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