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La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió informes preliminares de exchanges y billeteras virtuales que confirmaron operaciones de ingreso y salida de activos digitales realizadas por el funcionario.
Entre las plataformas que aportaron información aparecen Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, donde se habrían registrado operaciones con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y USDT.
La investigación se inició luego del levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero tanto de Adorni como de su pareja, Bettina Angeletti, además de las sociedades vinculadas a ambos.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano había denunciado públicamente que el funcionario habría movilizado al menos 3 millones de dólares a través de billeteras virtuales.
La Justicia también analiza operaciones realizadas mediante plataformas digitales y bancos virtuales como Mercado Pago, Brubank y otras entidades financieras que recibieron pedidos de información para entregar registros de movimientos, documentación e IP vinculadas a las transacciones investigadas.
Uno de los puntos centrales de la causa es determinar si los gastos y movimientos patrimoniales del funcionario son compatibles con los ingresos declarados oficialmente ante la Oficina Anticorrupción.
Según la última declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni informó un patrimonio superior a los 107 millones de pesos, además de ahorros en dólares y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Sin embargo, en esa presentación no figuran operaciones vinculadas a criptomonedas.
La fiscalía también investiga gastos relacionados con viajes internacionales, remodelaciones de propiedades y operaciones inmobiliarias. Parte de la pesquisa apunta a establecer la trazabilidad de fondos utilizados en vuelos, hospedajes y obras realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, la Justicia considera que durante el último año se movilizaron montos que podrían resultar desproporcionados respecto a los ingresos como funcionario público.
Mientras tanto, la defensa de Manuel Adorni aseguró que toda la situación quedará aclarada con la presentación de la próxima declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 y sostuvo que “todos los papeles están en orden”.
La investigación continúa con nuevos pedidos de información a entidades bancarias, exchanges y plataformas digitales, mientras los fiscales avanzan en el análisis de la trazabilidad de los activos financieros bajo sospecha.
