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Un informe federal elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos expuso con datos oficiales la verdadera dimensión de las falsas denuncias en Argentina y particularmente en Tierra del Fuego. El relevamiento concluyó que se trata de un fenómeno marginal, muy por debajo de otras problemáticas vinculadas al acceso a la justicia y la violencia de género.
El documento, conocido en las últimas horas, aporta por primera vez una dimensión empírica sobre las falsas denuncias y el falso testimonio en el país. Según el informe, sobre más de 8,2 millones de causas penales registradas en 17 jurisdicciones, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total, es decir, una cada 1.098 expedientes. El falso testimonio aparece en una proporción todavía menor: 0,025%, equivalente a una causa cada 3.940 expedientes judiciales.
En el caso de Tierra del Fuego, las cifras son aún más bajas. Entre 2023 y 2025 se registraron solamente nueve casos, de los cuales poco más de la mitad estuvieron vinculados a situaciones de violencia de género o intrafamiliar. El informe sostiene que el número absoluto resulta tan reducido que no puede interpretarse como un fenómeno de escala ni justificar modificaciones legislativas de endurecimiento penal.
El OVG advirtió además que el verdadero problema continúa siendo el subregistro de los delitos de género, es decir, la enorme cantidad de hechos de violencia que nunca llegan a denunciarse. En ese sentido, el informe cita datos externos que muestran que el 77% de las mujeres que sufrieron violencia de pareja nunca realizaron una denuncia, mientras que el 88% de quienes atravesaron situaciones de violencia sexual tampoco acudieron al sistema judicial.
El relevamiento también analizó el incremento de registros de falsas denuncias entre 2023 y 2025, período en el que los casos pasaron de 1.845 a 3.142 en todo el país. Sin embargo, el documento aclara que este aumento no implica necesariamente un crecimiento real del fenómeno criminal, sino que responde en gran parte a mejoras en los sistemas de registro, diferencias en los criterios de clasificación y estrategias procesales aplicadas por algunas jurisdicciones.
Uno de los casos señalados es el de Salta, provincia que concentra el 57% del total nacional con 4.307 registros. El propio Ministerio Público salteño explicó que se trata de una particularidad de su sistema estadístico. En tanto, la provincia de Buenos Aires registró 1.673 casos, aunque solo el 7% estuvo relacionado con violencia de género. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre 108 expedientes, el 39% correspondió a ese contexto.
Dentro de ese escenario federal, Tierra del Fuego aparece como una de las jurisdicciones con menor cantidad de casos registrados, lo que refuerza la conclusión central del informe: las falsas denuncias no constituyen un problema relevante en términos estadísticos ni judiciales en la provincia.
El documento adquiere especial relevancia en medio del debate legislativo que continúa abierto en el Congreso nacional sobre proyectos que buscan agravar las penas por falsas denuncias. En ese punto, el Observatorio fue categórico al señalar que “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”.
La lectura política que surge del relevamiento es clara: avanzar con un endurecimiento de las penas podría profundizar las barreras de acceso a la justicia para víctimas de violencia de género, en un contexto donde el principal problema sigue siendo la falta de denuncias y no su falsedad.
En Tierra del Fuego, los nueve casos registrados en dos años, frente a miles de causas penales ingresadas en el mismo período, se consolidan como un dato central dentro de la discusión pública y legislativa sobre violencia de género, acceso a la justicia y política criminal.
