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En comunicación con Radio Provincia, el senador Agustín Coto analizó lo sucedido en la II sesión ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego y el proceso de reforma constitucional. Se refirió a la falta de fundamentos del proyecto, la firma del dictamen para derogar la ley antes del decreto del Ejecutivo, la secuencia de decisiones políticas, la tensión entre poderes, la posibilidad de veto e insistencia legislativa y el eventual camino hacia una judicialización, además de poner en duda la realización de elecciones vinculadas a la reforma.
En primer lugar, al evaluar el sentido del proceso, el senador Agustín Coto fue contundente “La reforma a esta altura del partido ya no tiene sentido”, y agregó que “si alguna vez tuvo sentido, porque nunca quedó claro”, marcando una crítica de base a toda la iniciativa.
En ese marco, profundizó su cuestionamiento al señalar que “una reforma que no se sabe para qué es” evidencia una falla estructural, y remarcó que “no lo digo yo, lo hizo el propio oficialismo que presentó el proyecto”, subrayando la ausencia de fundamentos claros.
Asimismo, puso el foco en la falta de respaldo social al afirmar que “tiene una resistencia social que no tenés que ser un genio para darte cuenta que la sociedad no le interesa esto y que está más bien en contra”, lo que, a su entender, debilita aún más la legitimidad del proceso.
Por otro lado, al reconstruir lo sucedido en la II sesión ordinaria, aclaró que “el dictamen para derogar la ley ya estaba firmado” antes de la convocatoria del Ejecutivo, y enfatizó que “no es que el gobernador sacó el decreto y al otro día le voltearon la ley”, ordenando la secuencia de los hechos.
En esa línea, cuestionó la decisión del Ejecutivo al sostener que “el gobernador podría haber firmado el decreto el otro día y no lo hizo. Volvió a especular con el tiempo”, recordando además que “especuló 210 días” en etapas anteriores del proceso.
En cuanto al escenario futuro, anticipó que “yo creo que no se va a hacer la elección”, y explicó que el camino institucional podría derivar en un veto, una insistencia legislativa y una posterior judicialización.
Desde una mirada institucional, advirtió sobre el impacto del conflicto entre poderes al señalar que “institucionalmente es malo”, y describió la situación como “un ‘cocoricho’, están peleando entre ellos”, en referencia a la disputa entre Ejecutivo, Legislativo y eventualmente el Judicial.
En relación a los tiempos de la convocatoria, insistió en que “no es inocente la fecha en la que el gobernador firma el decreto”, sugiriendo una intencionalidad política detrás de las decisiones adoptadas.
Por último, Agustín Coto al analizar el trasfondo de la reforma, volvió a insistir en la falta de claridad al afirmar que “no sabemos qué artículos y nadie dijo por qué”, lo que, según planteó, habilita interpretaciones sobre los verdaderos objetivos del proceso.
